La organización ecologista Greenpeace ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra el proceso de designación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), y ha recordado que ha fracasado políticamente al transcurrir un año desde que se empezó a hablar de decidir su ubicación.

Según informó ayer Greenpeace, esta organización presentó el pasado 23 de diciembre una demanda ante la Audiencia Nacional, en el marco del recurso contencioso-administrativo que interpuso, solicitando que se declare nula de pleno derecho la resolución que dio inicio al proceso del cementerio nuclear centralizado (ATC).

La organización ecologista considera que sus argumentos jurídicos han quedado plenamente demostrados a lo largo de este año, pues ayer se cumplía justo un año de la publicación en el BOE de la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 23 de diciembre de 2009.

Por esa resolución, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en marcha oficialmente el proceso de búsqueda de municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear centralizado para los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas y su centro de experimentación nuclear asociado.

Para Greenpeace, a lo largo de 2010 ha quedado demostrado que los Proyectos Técnicos y los Estudios de Seguridad específicos del almacén nuclear y de su centro tecnológico asociado no existen, como tuvo que reconocer el Ministerio de Industria ante la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace contra el proceso del cementerio nuclear.

Greenpeace recordó que ha quedado claro que no hay ninguna urgencia para construir este ATC puesto que, como demuestran los informes del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados, hay varias centrales nucleares que aún tienen capacidad de almacenamiento para muchos años en sus piscinas de refrigeración de combustible gastado. Además, en las centrales que ya no disponen de capacidad se ha optado por construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI), casos de Trillo, Zorita (en desmantelamiento) y Ascó-1 y Ascó-2.

Por estos y otros motivos, la organización ecologista considera que el proceso desarrollado por el Ministerio de Industria ha vulnerado, entre otras, la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales (Convenio de Aarhus, que es ley en España desde 2005).