Las representaciones sindicales de los trabajadores y funcionarios (Intersindical Canaria y CSIF) del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz responderán a las medidas extraordinarias de ajuste económico del gobierno de CC-PP, aprobadas el miércoles, por el pleno de la corporación con la oposición del PSC-PSOE y del edil no adscrito Jaime Coello, con paros parciales, caceroladas, concentraciones y manifestaciones, así como la presentación de un recurso contencioso administrativo, a partir del próximo día 7 de enero.

El responsable de Intersindical Canaria, Ignacio Rodríguez, señaló ayer, en rueda de prensa, en sintonía con la posición de la Junta de Personal y del comité de empresa, que la aprobación de los recortes salariales y sociales por el consistorio significa "una declaración de guerra y un ataque frontal contra los empleados públicos y sus familias". Advirtió de que "esa declaración de guerra tendrá una cumplida respuesta durante lo que resta de mandato municipal hasta las próximas elecciones locales y autonómicas de 2011 si no se corrige el alcance o el rumbo de tales medidas y lo hacemos con la convicción de que el durísimo recorte que se pretende ejecutar sobre la base de ese acuerdo plenario en los salarios directos de los funcionarios y del personal laboral no pueden tener amparo en el artículo 3.810 del estatuto básico del empleado público porque el grupo de gobierno se ha limitado a efectuar una interpretación abusiva y contraria a derecho de esa normativa".

Además, se aclaró que la plantilla municipal consta de 350 trabajadores y que el capítulo de personal representa el 32% del presupuesto y no un 70%. La representación de los trabajadores puso en evidencia el alto coste de la factura en concepto de sueldos del grupo de gobierno y de personal de confianza para las arcas municipales, que superan los 517.000 y 274.000 euros anuales.

El presidente del comité de empresa, Juan Manuel Rodríguez Cornejo, señaló como un auténtico agravio comparativo los tipos de seguro de vida que rigen para los representantes políticos (grupo de gobierno y alcalde) y el resto de los funcionarios, de tal suerte que la de los primeros tiene una prima por fallecimiento, accidente e invalidez por 60.000 euros que contrasta con la de los segundos, cuya prestación equivale a 9.600 euros anuales.

Negó que existieran y se abonaran los pluses de formación, informática, reproducción de documentos, delineación, calcador y trabajo en alturas superiores a tres metros. Unas medidas que se caen por su peso porque no se pagan. En cuanto a las ayudas médico-farmacéticas, estas suponen 6.000 euros al año, que repartidos entre los empleados es de sólo 28 euros. En este sentido, Manuel González indicó que desde hace 18 años no se percibe ese tipo de ayuda, mientras que las relativas al estudio están congeladas desde 1999, y lamentó que se quiera dar por hecho algo que no es cierto.

Los trabajadores se mostraron abiertos al diálogo para conseguir un acuerdo.