La Junta de Personal del Ayuntamiento de La Laguna mostró ayer su profundo malestar por el fondo y la forma en que el gobierno municipal ha decidido la eliminación de diversas retribuciones no salariales de los funcionarios y trabajadores locales, medidas adelantadas ayer por EL DÍA. En un comunicado, el presidente y el secretario del órgano, Sebastián Afonso y Eusebio Gutiérrez, censuran con dureza que la reducción del 5% del capítulo 1 prevista por el plan económico municipal 2011-13 se haya enfocado sólo en una parte de los trabajadores, y no en los concejales, altos cargos, asesores y otros conceptos.
La Junta critica que, "en poco más de seis meses", dicho personal haya sufrido una reducción del 10%, un 5% por el decreto del Estado y otro 5% por la actuación del gobierno local. Recalcan que, "en consonancia con la austeridad presupuestaria", pidieron, sin éxito, una disminución del personal directivo, altos cargos, asesores, personal eventual de los grupos políticos y cargos de confianza de CC. Además, plantearon la devolución de un colectivo "importante" de funcionarios a sus administraciones de origen o, "incluso, la revisión de ciertas subvenciones del gobierno a determinadas asociaciones y entidades".
"Sin embargo -lamentan-, el alcalde, aunque estamos en crisis, ha preferido mantener el numeroso grupo de altos cargos, asesores y personal de confianza, que además son los que perciben los salarios más elevados, y rebajarles drásticamente de nuevo los sueldos a los funcionarios". Una decisión que, según denuncian, se ha tomado "sin constituir formalmente una mesa negociadora, sin desarrollar un verdadero proceso negociador y llevando las propuestas sobre la marcha y con ocultación".
A su juicio, "se ha engañado" a los representantes del personal funcionario y laboral y se engaña a la opinión pública "violentando los derechos del personal y vendiendo que los empleados son un colectivo privilegiado, cuando han mantenido a su ejército de afines a costa del dinero de los laguneros, manteniendo a un colectivo importante de funcionarios de otras administraciones y numerosas subvenciones de dudosa efectividad".
Contraoferta sindical
Como informamos ayer, el gobierno local, tras dos reuniones con los sindicatos, decidió eliminar todas las horas y servicios extras del personal y de los funcionarios, así como la formación que no venga de otras administraciones, los planes de pensiones y reducir la productividad variable y la acción social en un 50%. A su vez, y atendiendo a ese recorte en la productividad, se aplicó una bajada del 2,33% de los salarios de los ediles y asesores. El objetivo básico pasa por ahorrarse este año un total de 2,1 millones de euros.
Tras la propuesta inicial de CC presentada el 23 de diciembre, casi todas las centrales con representación (USO, CCOO, Asipal, Stap, Csif y UGT) registraron el día 27 y presentaron en la reunión del día 30 una contraoferta en la que, si bien aceptaban la eliminación en 2011 de la formación, las horas extras (con excepciones compensadas con tiempo libre sustitutorio) y el complemento de disponibilidad, planteaban otras alternativas para reducir el 5% previsto que fueron rechazadas por el gobierno.
Entre otras cuestiones, propusieron que no se redujera en ningún caso la productividad variable "porque ya ha sido regulada por el Estado". Asimismo, plantearon otras medidas no sólo del capítulo 1 del presupuesto, sino del 2, como la supresión de las asesorías jurídicas externas (defendida al principio por CC, pero luego descartada por entender que forma parte del capítulo 2, cuando el plan económico limita las medidas al 1).
En el mismo caso se sitúa la eliminación de las dietas por asistencia a tribunales de selección. Además, el gobierno rechazó la supresión de la dotación presupuestaria para plazas vacantes (salvo que sean promoción interna, que era el matiz de los sindicatos) y el retorno a las administraciones de origen de las personas que ocupan puestos en comisión de servicios (como policías) y que fueran ocupados por personal del ayuntamiento por considerar que se trata de cuestiones de organización que no debían entrar en estas medidas. El mismo argumento usa el edil de Personal, Miguel Ángel González, para la eliminación de los complementos por acumulación de funciones o las segundas y terceras productividades.
Sobre la supresión de concejales no electos, salarios de miembros de la oposición o todas las dietas por plenos, comisiones, juntas de gobierno y otras sesiones, CC cree que se trata de cuestiones políticas que tampoco debían entrar. También rechazó la eliminación de contrataciones para realizar funciones del personal local o la reducción ayudas a asociaciones, alquileres de locales innecesarios, cursos, fuegos, concursos de mis y mistar, Carnaval, actividades extraescolares o impresiones.
Los sindicatos también rechazaron la reducción de la acción social y pidieron negociarlo.