La fiscalía apoyó hoy el criterio del representante legal de la ejecutiva federal del PSOE en la vista de la demanda interpuesta por el sector crítico del partido en Tenerife para que se deje sin efecto cautelarmente la suspensión de la dirección insular y la agrupación local en Santa Cruz de Tenerife.

La magistrada María del Carmen Serranos dictará un auto en los próximos días en los que determinará si, mientras se resuelve el fondo del asunto, accede a la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por un centenar de militantes, que alegan que las sustitución de los órganos del partido en Tenerife y en la capital de la isla vulnera su derecho constitucional a la participación política.

La adopción de las medidas cautelares solicitadas supondría reponer a las anteriores direcciones insulares y local y abrir de reabrir el procedimiento de primarias para decidir los candidatos electorales, que actualmente han sido impuestos por la dirección regional "al margen del principio constitucional de democracia interna de los partidos", indicó el representante legal de los demandantes, Raúl Alonso.

Argumentó que se ha despojado a los militantes de su derecho a participar en la designación de candidatos electorales y en la elaboración de programa electoral, en un procedimiento en el que se ha producido la indefensión de los afiliados, a los que no se les ha dado ocasión de defenderse ni de conocer la motivación de la suspensión de su actividad del partido.

Señaló que el principio de unidad del partido no puede ser utilizado para imponer dictatorialmente los criterios de la cúpula al margen de la militancia y advirtió de que en esta resolución judicial está en juego "la credibilidad del sistema".

También argumentó que de hecho se ha vulnerado "la tutela judicial efectiva" de los militantes al haberse saltado el partido los procedimientos de motivación, audiencia y defensa de los afectados que tiene que darse en todo procedimiento sancionador.

Sin embargo, la fiscal consideró que no procede adoptar medidas cautelares, porque la sustitución de los órganos del partido por gestoras se realizó por el órgano competente del PSOE, la ejecutiva federal, y de acuerdo con los estatutos internos.

También dijo que la tutela judicial efectiva sólo es aplicable ante los tribunales, no ante los órganos internos de los partidos.

El letrado representante de la ejecutiva federal, Francisco Javier Ledesma, cuestionó la legitimidad de los demandantes -entre los que figuran los secretarios generales suspendidos- por no haber acreditado que sean militantes del PSOE y porque algunos han dicho que su intención es dejar el partido.

Señaló que la suspensión de la ejecutiva insular y la agrupación local fue adoptada por el órgano competente del partido, de acuerdo con los estatutos y a partir de unas motivaciones.

Aseguró que la imposición de gestoras no supone una sanción, sino que fue una medida para garantizar la unidad y la jerarquía en el PSOE y reponer la normalidad frente a la conflictividad interna que se daba en Tenerife.

La jurisprudencia en casos similares siempre ha dado la razón a las direcciones de los partidos, afirmó.

Ledesma indicó que los partidos pueden actuar con medidas como la aplicada en Tenerife para garantizar la jerarquía, la cohesión y la actuación unitaria, y subrayó que en el caso de esta isla se adoptaron decisiones en contra del criterio de la ejecutiva regional, como la convocatoria de elecciones primarias para designar a los candidatos.