El pasado 19 de febrero de 2010, el edil de Hacienda de La Laguna, Juan Antonio Alonso (CC), presentaba un plan contra el fraude tributario que, aunque reconocía que podría tener precio político a corto plazo, lo consideraba clave como búsqueda alternativa de mejorar los ingresos locales en plena reducción por la crisis, aparte de ahondar en la justicia del sistema. En aquel momento, dio una cifra que la oposición no se creyó y confiaba en que el consistorio pudiera reconocer como propios hasta 6 millones de euros por impuestos que, en años anteriores, no se recaudaban. Los datos registrados en su departamento hasta el pasado 30 de noviembre son tan espectaculares que esa cifra ha llegado a los 7,8 millones de euros cuando aún falta añadir lo detectado en diciembre.

Para los miembros del área, se trata de datos "espectaculares" que mejorarán en unas dos semanas, cuando se prevé disponer de los definitivos, ya por secciones (Inspección y Gestión), por grado de cumplimiento respecto al Plan Económico Financiero y en relación a las previsiones del presupuesto de 2010.

Con el paso del tiempo, el departamento que dirige Alonso fue elevando sus propias expectativas iniciales y se trazó como objetivo final alcanzar 7,241 millones de euros una vez cerrado el ejercicio. Sin embargo, la detección y reconocimiento de fraudes ha ido a un ritmo mucho mayor y se ha alcanzado esos 7,8 millones sólo a 30 de noviembre.

De la cifra detectada, 985.000 euros corresponden al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), se ha descubierto un 45% más de lo programado, mientras que en el de Bienes Inmuebles (IBI), el porcentaje se eleva bastante más, alcanzando el 67,52% de lo fijado inicialmente como objetivo.

De todos modos, el dato más espectacular se ha dado respecto al reconocimiento de la tasa por vados, superándose lo fijado en un 93,43%. Las plusvalías, por el contrario, sólo crecieron un 3,65 respecto a lo previsto, mientras que la tasa de basura sí dejó una espectacular subida, con un 58%

En conjunto, la inspección de los tributos que dependen del consistorio creció un 25,41%, mientras que el global del ayuntamiento subió un 8,82%, porcentajes que los técnicos consideran sorprendentes y muy gratificantes.

Este plan contra el fraude surge por el empeño del gobierno local en equilibrar las cuentas municipales y, sobre todo, mantener el esfuerzo en áreas como la social pese a los recortes generalizados por la honda crisis económica. A principios de 2010, el ayuntamiento preveía una reducción de las aportaciones de otros organismos públicos de un 37%, lo que suponía 10,6 millones menos respecto a 2009 y 18 sobre 2008.

Sin precedentes locales

Ante este temible panorama, y aunque con el compromiso entonces de no recurrir, salvo contingencias imprevistas, a nuevos créditos que aumentasen la deuda, Alonso apostó por esta alternativa para aumentar los ingresos. Así, se elaboró y aplicó por primera vez un riguroso plan de inspección para que las arcas pudieran reconocer como propias unas cifras que le correspondían por impuestos y tasas que, sin embargo, no entraban porque la fiscalización de los balances de empresas e ingresos reales de los vecinos respecto a lo que admiten oficialmente era muy limitada por falta de medios y personal para detectarlo.

En un primer balance, realizado a finales de mayo de 2010, el gobierno municipal ya se sorprendió con los 2,4 millones de euros que, en aquel entonces y cuando apenas se llevaban unos meses con el proyecto, ya se habían reconocido como pertenecientes al consistorio.

Los seis millones calculados inicialmente por Alonso eran muy importantes porque fueron incluidos en el presupuesto del anterior ejercicio, pese a las críticas de la oposición de que, con esta técnica presupuestaria, se estaba aprobando unas cuentas ficticias que, en ningún caso, se cumplirían. Por lo menos en este apartado, el gobierno ha demostrado que tenía razón y que, incluso, sus barruntos se han quedado cortos.

Además, el desarrollo del plan se ha hecho en gran parte sin una de las bazas que destacó al principio el edil: la incorporación de personal específico para estas tareas fiscalizadoras, con la excepción del nuevo director del área. De todos modos, la redistribución del personal aplicada ha dado sus frutos y estos son los resultados.

El ayuntamiento fue notificando a los infractores hallados los desfases a favor del consistorio, abriendo así un proceso que, una vez atendidos los argumentos, reclamaciones o recursos de estas empresas o particulares, acaba normalmente con estas cifras como derechos reconocidos en favor de la administración, para luego poder reclamarlas y cobrarlas por las vías pertinentes, incluso la judicial.