El Gobierno canario puede autorizar, a partir de ahora, las obras eléctricas sin restricciones. Se trata de uno de los dos grandes efectos inmediatos que tiene la modificación de la Ley de regulación del sector eléctrico canario, que el pleno del Parlamento autonómico aprobó ayer gracias a los votos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP).

Los socialistas, en cambio, se volvieron a oponer -tal y como ya habían hecho en el anterior cambio que sufrió esta norma en 2007- al entender que la modificación constituye una vulneración de la autonomía de los municipios canarios.

En esencia, el nuevo texto de la norma permite al Gobierno regional que otorgue el carácter de "obra de interés general" a cualquier obra relacionada con las infraestructuras eléctricas. Hasta ahora, ese rango sólo podía concederse a las que involucraran una potencia igual o superior a los 50 megavatios.

La importancia de este matiz es que ahora ningún ayuntamiento -o cabildo- podrá oponerse a la construcción o ejecución de esas infraestructuras de forma indefinida porque la ley permite al Gobierno regional autorizarlas sin quedar sujetas a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.

El diputado popular, Manuel Fernández, pidió el voto favorable para la modificación de la ley "para poder dar respuesta a los canarios" en los problemas energéticos.

"No es posible que el Partido Socialista Canario (PSC) increpe al Gobierno para que la calidad del servicio sea la óptima y no respalde esta iniciativa", adelantó Fernández.

En la misma línea intervino el portavoz en la materia de CC, José Miguel González, que aclaró que la modificación de la norma "no supone que los nacionalistas no respeten la autonomía municipal" e insistió en el carácter "excepcional" de su aplicación.

Pero el diputado socialista Manuel Fajardo Palarea recordó que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) envió una carta a los grupos parlamentarios en la que expresaron el rechazo al cambio de la norma, "por lo que no podemos apoyarlo". La excepcionalidad, respondió a González, "puede dar lugar a la arbitrariedad".

El otro cambio importante que supone la modificación de la ley es la derogación de la parte de la Ley de Directrices que establece el fin de la vida útil y la obligación de desmantelar las centrales de generación eléctrica ubicadas en Caletillas -en el municipio tinerfeño de Candelaria- y Jinámar -en el municipio grancanario de Telde- para 2015.

González y Fernández defendieron la necesidad de que la norma no cierre la puerta al mantenimiento de instalaciones "necesarias, al menos hasta que haya una alternativa".

Pero Fajardo Palarea criticó que el ayuntamiento de Candelaria "lleva meses" intentando llegar a un acuerdo con el Gobierno regional para negociar la situación y advirtió de que el cambio normativo es ilegal, por lo que podría ser resuelto "en otras instancias".

El propio alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, lamentó que su consistorio "sí ofrece alternativas" para la central, que "está fuera de ordenación".

"Candelaria está a favor de que la central continúe más allá de 2015, pero pedimos una garantía de que se cumpla con la ley y que algún día se vaya de donde está ahora", demandó.