Las doce comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en Justicia acordaron ayer por unanimidad reclamar al Ministerio una reforma de la ley que regula la asistencia jurídica gratuita y la competencia sobre el personal no judicial que trabaja en este servicio.

Las comunidades de Madrid, Canarias, Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía, Valencia, La Rioja, Navarra y Cantabria firmaron ayer en Santander un documento que recoge sus propuestas para modernizar y mejorar la Administración de Justicia, que defenderán en la Conferencia Sectorial prevista para el 25 de enero.

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, el regionalista Vicente Mediavilla, destacó la unanimidad y el consenso alcanzado por las comunidades autónomas, que tendrán "una sola voz" ante el Ministerio a pesar de sus diferentes colores políticos y, como portavoz, subrayó las expectativas que tienen las comunidades autónomas de que el Estado atienda sus demandas. "Expectativas, las tenemos todas", aseguró.

Las comunidades autónomas acordaron reclamar una reforma de la ley sobre asistencia jurídica gratuita, un servicio que regula el Estado, pero pagan las autonomías, y quieren que este derecho se vincule exclusivamente con la carencia de recursos económicos para evitar, como ocurre ahora, que en algunos casos se puedan beneficiar de este servicio personas con rentas "millonarias".

El consejero recordó que en la jurisdicción social cualquier ciudadano tiene derecho a un letrado de oficio, lo que no es "muy razonable", porque "merma" las posibilidades de los que verdaderamente lo necesitan.

Las comunidades están de acuerdo en que toda la planta judicial esté compuesta por tribunales en lugar de órganos unipersonales, de acuerdo con las recomendaciones que ha hecho al Ministerio una comisión de expertos y reclamaron su participación en la concreción de esta modificación, porque tienen "un conocimiento más cercano" de los partidos judiciales.

Además, piden la especialización comarcalizada de los juzgados de violencia sobre la mujer, para aumentar su eficacia, y apuestan por la renovación tecnológica y la teletramitación, para "desterrar paulatinamente" el papel.

En el documento, que fue enviado ayer al Ministerio, las autonomías apuestan por potenciar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación, donde, según los estudios, se podrían solventar un tercio de los asuntos que llegan a los órganos judiciales.

Asimismo, quieren poder aprobar la oferta de empleo público, convocar y resolver los procesos de selección y adscripción a los puestos de trabajo, nombrar a los funcionarios que superen las pruebas, impartir la formación inicial, diseñar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo, gestionar la promoción interna y el registro de personal y ejercer la potestad disciplinaria y las funciones necesarias para garantizar una gestión "eficiente y eficaz".

A la reunión, asistieron los consejeros del País Vasco, Idoia Mendía; Galicia, Alfonso Rueda; Canarias, José Miguel Ruano; Navarra, Javier Caballero; Madrid, Francisco Granados; Asturias, María José Ramos, y Aragón, Rogelio Silva. De Cataluña fue la secretaria de Relaciones con la Justicia, Carme Virgili; La Rioja estuvo representada por el director general de Justicia, Miguel Sainz; Andalucía, por el secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, y Valencia, por el director general de Justicia, Antonio Gastaldi.