Las administraciones públicas consumen el 18% de la madera y papel que se usa en España y ante estos datos la directora Ejecutiva de FSC en funciones, María José Fernández-Caballero, no puede por menos que hacer un llamamiento para que este consumo sea responsable.
Según Fernández-Caballero, este consumo equivale a un gasto de 2.118 millones de euros anuales.
En declaraciones a Efe, esta ingeniera técnica de Montes ha pedido a las administraciones públicas que entiendan la importancia de la certificación forestal FSC, que da fe de que ha existido una gestión sostenible de los bosques y un origen respetuoso con el medio ambiente de los productos que se extraen de los mismos.
El llamamiento lo extiende asimismo a todos los consumidores en general, porque, afirma, que hay que ser conscientes de la importancia que tiene nuestro acto de comprar, a la hora de evitar, por ejemplo, problemas tan graves como el consumo de madera procedente de talas ilegales.
A su juicio, las talas ilegales son un problema que tenemos más cerca de lo que nos parece y es verdad que a España llega un alto porcentaje de madera ilegal, y "el hecho de elegir bien en el momento de la compra nos hace corresponsables".
De acuerdo con FSC, más de la mitad de la superficie en España es forestal, pero solo el 13% cuenta con planes de gestión, tal y como demanda la Ley de Montes.
En España, y según la misma fuente, se consumen anualmente cerca de 50 millones de metros cúbicos de papel y madera, lo que equivale a 22.222 piscinas olímpicas de 50 por 25 metros.
De este volumen, las dos terceras partes son importadas y de estas el 16% procede directamente de países donde las talas ilegales son prácticas reconocidas internacionalmente.
FSC España (www.es.fsc.org) es una organización internacional que promueve un modelo de gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable.
A través del sello FSC, el consumidor final puede identificar todos los productos que proceden de bosques bien gestionados. En España cuenta con 150 socios, entre administraciones públicas, multinacionales, PYMES y cooperativas, comunidades de montes, sindicatos, organizaciones de consumidores, de comercio justo y grupos ecologistas.