La Jurisdicción Contencioso-Administrativa admitió a trámite el procedimiento especial de amparo judicial presentado el pasado mes de noviembre por Unión General de Trabajadores (UGT) contra la resolución del Gobierno de Canarias "que recorta unilateralmente derechos fundamentales y consolidados de los trabajadores de la Comunidad Autónoma", informó ayer el sindicato.
UGT anunció que "no renunciará" a la vía judicial para intentar paralizar la norma con la que el Ejecutivo suspende "ilegítimamente" varios artículos del III Convenio Colectivo del Personal Laboral, a pesar de las negociaciones que se desarrollarán hasta el próximo 4 de febrero para intentar cerrar acuerdos que atenúen los recortes, también incluidos en la Ley de Presupuestos de Canarias para 2011.
En este sentido, los representantes de FETE-UGT se muestran "pesimistas" en cuanto a los posibles resultados de dichas reuniones, que se mantienen en comisión técnica entre los sindicatos y la Administración.
Confianza en la Justicia
FETE-UGT confía más en que "será la Justicia quien impida al Gobierno de Canarias imponer dichas medidas, pues se trata de una vulneración clara de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuerza vinculante de los convenios".
La organización recuerda que el Tribunal Supremo solicitó informe al Constitucional sobre la validez de la reducción de los sueldos de los empleados públicos y que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público impide la "disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor".
Al respecto, fuentes del Gobierno regional precisaron que la norma que determina las medidas para la contención del gasto es la Ley General de Presupuestos, por lo que "la resolución lo único que hace es dar publicidad a un acuerdo de gobierno que aplica lo que contempla la citada ley". Así, desde el Ejecutivo regional se considera que las organizaciones sindicales son libres de aplicar la defensa jurídica de sus representados que consideren oportuna.
"El Gobierno entiende que las medidas adoptadas tienen el refrendo jurídico suficiente para su aplicación", precisan desde la Administración. "La crisis económica que nos afecta desde hace tres años se ha visto agravada en los últimos meses, lo que ha supuesto que en el ámbito de la Unión Europea y del Estado español, así como en la Comunidad Autónoma como integrante de las mismas, se hayan remarcado las medidas para conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria", insisten.