Como ha ocurrido durante años con el conflicto por la reforma de la Catedral lagunera y su anhelado convenio, felizmente firmado hace unas semanas, las 675 familias que viven en Las Chumberas verán en breve, quizás en cuestión de días o escasas semanas, cómo tienen también al fin un convenio que echarse al bolsillo, analizar con sus asesores y presentarlo como aval de futuro de sus propiedades. EL DÍA ha tenido acceso al borrador definitivo de un texto que cambiará la vida de miles de personas, que se desarrollará durante los próximos nueve años, que confirma cifras que, cuando surgió el problema de la aluminosis, simplemente mareaban o no se podía ni contemplar y que sólo en la construcción de los 28 nuevos edificios (si se aceptan las 24 viviendas por cada uno), que sustituirán a los 42 actuales por crecer en altura, y salvo que algún propietario se oponga, supondrá una inversión de 71,89 millones de euros.

Como se ha anunciado hasta ahora, la actuación singular que representa este proyecto de reposición implica un desembolso de dinero público por un total de 87,5 millones, a aportar en un 50% por el Gobierno de España (43,75 millones), un 35% por parte de la Comunidad canaria (30,62 millones), un 10 por el Cabildo tinerfeño (8,75) y un 5% por parte del Ayuntamiento lagunero (4,37), lo que hace que los dueños no deban gastarse nada, salvo que deseen incorporar mejoras a sus nuevas casas, que tendrán garaje, trastero, ascensor, 85 metros y tres habitaciones.

La excepcionalidad de este caso a escala nacional queda evidenciada desde la segunda página del convenio a suscribir en breve. En el tercer punto, se dice explícitamente que se trata, "por tanto, (...) de una actuación al margen de los planes de vivienda en vigor, cuyo contenido se regula por el presente convenio". Un acuerdo que firmarán el ministro de Fomento, José Blanco, la consejera de Bienestar Social del Gobierno autónomo, Inés Rojas, el presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, y el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo.

El reparto financiero incluye 4,692 millones de euros para los cambios en la urbanización y el parque, así como 999.102 para la demolición de los 42 bloques (siempre y cuando se cuente con el sí de todos sus dueños; en caso contrario, cada bloque que no tenga unanimidad no podrá derribarse). Además, se contemplan 3,624 millones para el realojo temporal, 3,191 para el equipo de gestión y otros 3,103 para las posibles desviaciones o revisiones de precios durante los próximos nueve años.

Por supuesto, se aclara que estas cantidades quedan a expensas de posibles reajustes y compensaciones mutuas, siempre que esos cambios se justifiquen con informes previos de la Comisión Técnica interadministrativa que se constituya y tras la aprobación posterior de la Comisión Institucional que también se creará para este tipo de seguimiento del convenio, igual de representativa.

Las aportaciones de las distintas administraciones no tiene un fin específico, sino que, tras un reparto equitativo en función de sus porcentajes, irán a costear las distintas actuaciones por igual. Además, se ha hecho un reparto también equitativo por año, con un total interadministrativo de 9,722 millones en cada anualidad hasta alcanzar los 87,5.

La actuación singular incluye también los locales comerciales actuales. En el convenio se resalta que, aparte de los 29 edificios afectados por aluminosis y los realojos que ya ha efectuado la Empresa Municipal de la Vivienda en La Laguna (Muvisa), el resto de bloques y viviendas tampoco presentan condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad "mínimas", lo que obliga a desarrollar este proyecto.

El acuerdo fija a Muvisa como el "ente gestor" de las actuaciones, "realizando todas las actividades y trabajos necesarios (...), como la organización de los realojos temporales y, en su caso, la reubicación de la actividad de los locales afectados, así como la redacción de los proyectos y ejecución de las obras y demás trámites que correspondan".

Un apartado importante se refiere a que las cuatro administraciones apuestan por potenciar el uso residencial "asegurando el realojo de la población residente, ajustándose a la normativa del planeamiento urbanístico vigente o a su modificación si fuera preciso, aplicándose la normativa en vigor y, en especial, las disposiciones sobre eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, así como la mejora de la eficiencia energética de los edificios".

Asimismo, se prevé compensaciones a los locales comerciales por la pérdida de actividad si no pueden ser trasladados, siempre previo informe de la Comisión Técnica y respaldo de la citada Comisión Institucional. También se aclara que las viviendas que pudieran sobrar y queden vacantes, quedarán como protegidas.

En este sentido, se matiza que, si hubiese un exceso de aprovechamiento residencial, será destinado a crear este tipo de casas por parte del consistorio en los cinco años siguientes a la conclusión de las actuaciones.

Compromisos concretos

El Gobierno regional se compromete en el convenio a adoptar todas las medidas necesarias, siempre dentro de sus competencias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión, para desarrollar la reposición y reurbanización, así como supervisar los proyectos y las obras. El ayuntamiento también se encargará de las gestiones oportunas y de aplicar las exenciones y bonificaciones existentes en las tasas e impuestos municipales que puedan gravar la actuación. Asimismo, el consistorio propondrá, a través de Muvisa, el plan de las actuaciones con las fases y calendario, así como los reajustes necesarios según la marcha y el presupuesto disponible, en coordinación con el resto de administraciones y para su aprobación por la Comisión Técnica de Seguimiento. Además, Muvisa deberá asesorar a los dueños técnica, jurídica, económica y administrativamente.