Habrá que esperar al próximo mandato autonómico para que la sanidad canaria cuente con un marco normativo que se adecue a sus necesidades reales, puesto que el proyecto ideado por el Gobierno de Canarias durante estos últimos cuatro años no será llevado al Parlamento para terminar todos los trámites. Quizás porque la nueva ley fue elaborada por la anterior consejera de Sanidad, la diputada del Partido Popular y todo su equipo, y ahora Coalición Canaria no se hace responsable de ella, o tal vez porque el Consejo Económico y Social ya advirtió de que carecía de una ficha financiera y de la falta de consenso que arrastra, el caso es que la noticia por quien único ha sido tomada con "mucha pena" es por la ex consejera y sus compañeros de partido, que ya avisan de que si llegan al Ejecutivo tras las elecciones de marzo la rescatarán para aprobarla.

CC es más comedida en su planteamiento, y si bien el propio consejero Fernando Bañolas manifestó en una Comisión Parlamentaria de Sanidad en el mes de diciembre que desconocía lo que sucedería con la ley y que sería el Consejo de Gobierno quien lo decidiría, el portavoz parlamentario del grupo nacionalista, José Miguel Barragán, asegura ahora que "la ley no se aprueba no porque no se crea que no es la mejor posible, sino simplemente porque no hay tiempo material de que se lleve a cabo todo el procedimiento antes del 28 marzo", día en el que finaliza el período hábil para dar paso a los comicios. "No se desecha, simplemente no queda tiempo suficiente para culminar el procedimiento", matiza.

Estas explicaciones no han convencido a la ex consejera de Sanidad Mercedes Roldós, que asegura no entender "cómo se echa por la borda un magnífico trabajo realizado por los técnicos de la consejería y que había sido concebido como un eje fundamental para la "mejor organización, y sobre todo para la modernización de la sanidad canaria".

En este sentido, Roldós recuerda que no se trata sólo de la ley canaria de Sanidad, sino también del III Plan de Salud y del Plan de Drogodependencias, que igualmente se quedan pendientes de aprobar "cuando lo cierto es que cuando dejé la consejería estaba todo el trabajo ya hecho; y formaba parte de un gobierno en el que también estaba Coalición Canaria".

Sin embargo, "la pena" que asegura sentir Roldós por estas circunstancias parece ser el alivio del Partido Socialista, que, por boca de la diputada Dolores Padrón, ha manifestado en innumerables ocasiones su "máxima preocupación" por algunos aspectos de la nueva normativa ideada por Roldós y su equipo en los que, a su juicio, se introducía la figura del copago, vulnerando principios básicos.

"No existe el necesario consenso político para que se apruebe este marco normativo que incluye nuevas fórmulas gerenciales y empresariales con atención a los datos sobre costes y satisfacción de los usuarios, y sin olvidar su configuración como sistema público, universal y equitativo", manifiesta Dolores Padrón, que asegura que la propuesta legal "tampoco supone una mejor configuración normativa de un modelo de coordinación sociosanitaria".

En cierta manera esta argumentación del Partido Socialista es compartida por los profesionales médicos, como el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, que califica como "muy positivo" que la ley no se apruebe, puesto que "no mejoraba nada, era inconcreta y ambigua, además aumentaba los costes y no contaba con el respaldo de los profesionales médicos".

Asimismo Martín recuerda que "durante el paso del Partido Popular por la Consejería de Sanidad se aniquilaron los consejos de participación ciudadana", y subraya que "esta legislatura ha sido la más desaprovechada para la Sanidad porque tampoco se ha hecho nada nuevo en el Plan de Salud y en el Plan de Drogas, cuando lo cierto es que hay muchas ideas que se podrían llevar a cabo sin coste alguno y que supondrían un cambio de la estructura y del sistema. Afortunadamente la ley vigente aún tiene muchos aspectos que se pueden desarrollar".