Los 17 extranjeros que pidieron asilo alegando ser saharauis tras llegar en patera a la isla de Fuerteventura el pasado 5 de enero han sido trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, para ser expulsados a Marruecos este miércoles a mediodía, dado que el Gobierno les ha denegado la protección y la Audiencia Nacional, por un defecto de forma, aún no se ha pronunciado sobre el recurso presentado.

Así lo ha denunciado el portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, en declaraciones a Europa Press, para explicar que la organización presentó un recurso el pasado viernes contra la denegación de asilo a estas 17 personas y solicitando la adopción de una medida cautelar que impidiera su expulsión en tanto se resolvía la admisión a trámite del mismo.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no pudo resolver el pasado viernes porque dado que los extranjeros estaban en un CIE, no había procurador para llevar su caso, un "defecto de forma" que ha retrasado el proceso, porque la ONG ha tenido que solicitar para ellos justicia gratuita.

Según ha explicado Valiente, la nueva Ley de Asilo y Protección Subsidiaria impide la ejecución de la expulsión de un solicitante de asilo mientras se dirime la admisión a trámite del recurso presentado ante los tribunales. El portavoz de CEAR defiende que como la Audiencia Nacional no se ha pronunciado aún en ningún sentido, los saharauis no pueden ser expulsados de momento.

Por eso, atribuye al "desconocimiento de la nueva norma" que las fuerzas policiales hayan comenzado con el proceso de expulsión y trasladado a Las Palmas a estas 17 personas, que podrían embarcar a las 12.10 horas de este miércoles en un vuelo con destino a Marruecos para ser puestos a disposición de las autoridades de aquel país.

La organización se personará este miércoles en la Audiencia de nuevo con el recurso y el juez deberá decidir si lo admite a trámite y ha lugar una medida cautelar que permita la estancia legal de estas personas en España; si admite el recurso pero permite que sean expulsados o si decide inadmitir la petición y dar la razón a la decisión adoptada por el Ministerio del Interior sobre ellos.