Fuera de la fecha prevista y sin consenso. Así saldrá, salvo sorpresa de última hora, el documento que el Gobierno canario exigió a los grupos parlamentarios tras finalizar hoy el plazo que el Ejecutivo les había dado a los grupos parlamentarios para que fijaran, de común acuerdo, el orden en el que querían abordar la actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

Aunque ninguno de los tres grupos parlamentarios pone en duda que, al final, el documento que les pidió a principios de año el presidente autonómico, Paulino Rivero, saldrá aprobado, por lo pronto nadie se atreve a dar fechas.

El portavoz en materia económica del Partido Popular (PP), Miguel Cabrera, que es el que más escéptico se ha mostrado en relación a este proceso, ayer aseguró que "no tiene por qué" darse el consenso entre los grupos y que bien podría salir de la Cámara sin acuerdo común.

Pero tanto en el Partido Socialista Canario (PSC) como en Coalición Canaria (CC) se niegan a dar por perdida la posibilidad del consenso y, de hecho, siguen adelante con el calendario de encuentros para negociar este asunto. La próxima reunión podría producirse hoy mismo.

Se trata, en todo caso, de un paso más en la negociación, que también deberá incluir -según el compromiso del propio Ejecutivo- a los agentes sociales y económicos de las Islas para cerrar una propuesta única en la Cámara regional que será la que el Archipiélago defenderá en Madrid antes de que el Gobierno español la lleve a Bruselas para su aprobación definitiva.

El portavoz de los socialistas, Francisco Hernández Spínola, ratificó la voluntad de su grupo por llegar a un acuerdo "cuanto antes", si bien advirtió de que lograr un consenso "es algo que dependerá también del empeño de los otros grupos".

Como se recordará, las negociaciones para actualizar el REF comenzaron en septiembre del año pasado. Convocado el proceso por el Ejecutivo regional, la intención era abordar primero los aspectos exentos de autorización previa de Bruselas, pero la Administración autonómica remitió a los grupos un borrador que incluía aspectos que "excedían" ese límite, según denunciaron tanto los populares como los socialistas.

Así lo expuso Cabrera a comienzos de año, cuando criticó que la actualización planteada por Rivero iba más allá de la "minirreforma urgente de la que habló en 2010 y abre un proceso que sería más bien la clave de una verdadera reforma que se aprobará, como muy pronto, a fin de año o en año y medio, pero no esta legislatura".

Además, el diputado popular expresó entonces su "doble escepticismo" sobre el proceso porque "hay que ver qué parte de la propuesta asumirá el Gobierno central tras tantos incumplimientos con Canarias y también qué dirá Bruselas de las modificaciones, que afectan a aspectos importantes del REF".

En todo caso, los socialistas atribuyen a la ruptura -el pasado mes de octubre- del pacto de gobierno que tenía el PP con los nacionalistas la reticencia de los populares a que las conversaciones se traduzcan en un acuerdo. "Querían que el autor fuera su líder, José Manuel Soria", explican.

Tras un letargo de algunas semanas, a principios de este mes el Gobierno canario quiso retomar el proceso y fue cuando acordó, con los tres grupos, la elaboración de un documento que acotara el alcance de la actualización del REF -que no reforma- para poner en marcha el proceso antes de final de año.

Pero hace 15 días, los socialistas y nacionalistas -y ya no solo el PP- admitieron que las aspiraciones que el Ejecutivo reflejó en el borrador que les facilitó para impulsar las conversaciones no se cumplirán. Y es que siguen viendo que la intención del Ejecutivo es poner en marcha una reforma ambiciosa que es imposible sacar adelante sin contar de forma previa con la autorización expresa de la Unión Europea (UE).

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