Los responsables de las unidades de menores del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife esperaban ayer la decisión que adopte la titular del Juzgado de Instrucción número Cuatro de La Laguna sobre el destino de los bebés cuya venta fue abortada por una operación de la Guardia Civil, que, además, detuvo a las respectivas madres, a las intermediarias y a la familia del Norte de la isla que estuvo dispuesta a pagar dinero, 10.000 euros, para quedarse con uno de los citados niños.
Fuentes del Instituto Armado comentaron ayer que el dispositivo que permitió desmantelar la trama se ha dado por cerrado.
En principio, está previsto que la tutela de, al menos, uno de los recién nacidos se asigne a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Ejecutivo autónomo. Desde dicho departamento ayer no se hicieron declaraciones, con el argumento de que están expectantes ante la decisión de la autoridad judicial.
Si finalmente el Gobierno canario afronta la tutela de los niños, estos serán asignados a alguno de los 50 centros destinados a menores en situación de desamparo que controla el Cabildo en Tenerife. El director de la Unidad Técnica de Infancia y Familia de la Corporación insular, Daniel Cerezo, señaló que "aún no tenemos información alguna sobre el caso" y apuntó que el asunto está bajo secreto de sumario. El protocolo establecido para estos casos contempla que, durante 30 días aproximadamente, cada bebé estará acogido a una situación de "desamparo provisional". Después, un equipo de profesionales de la Corporación insular valora las circunstancias que afectan al menor y a sus familiares para adoptar la mejor alternativa posible. En unos casos, son los tíos o abuelos, por ejemplo, quienes se hacen cargo del recién nacido. En otros casos, el pequeño se deriva a un centro de menores o a una familia alternativa, que lo adoptará de forma legal. Actualmente, en Tenerife hay 470 menores en situación de desamparo, de los que cincuenta son extranjeros.