La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado hoy paralizar la expulsión de España de 17 saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero hasta que resuelva el recurso que interpusieron contra la decisión del Gobierno de devolverlos a su lugar de origen.

La decisión del tribunal se ha producido después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunciara que "previsiblemente se está preparando" la expulsión de los saharauis, ya que en las últimas horas han sido trasladados desde Fuerteventura a Gran Canaria.

Por ello, el tribunal acuerda comunicar "telefónicamente y por fax" su decisión a la Administración "a los efectos de que se suspenda de inmediato cualquier actividad material de ejecución de la expulsión".

El recurso ante la Audiencia Nacional fue interpuesto a raíz de que el Gobierno rechazara las peticiones de asilo de esos 17 saharauis, miembros de un grupo de 22 personas llegadas el 5 de enero a Fuerteventura en una lancha neumática y entre las cuales 5 sí han conseguido que se tramiten sus solicitudes de refugio.

El principal argumento para solicitar el asilo es el "alto riesgo" que corren todos si vuelven a El Aaiún, motivo en el que se han basado para reclamar a la Audiencia Nacional la aplicación de una "medida cautelarísima" de suspensión de los trámites de expulsión antes de entrar a pronunciarse sobre el fondo de las solicitudes de los 17 afectados.

Precisamente, el tribunal dictó el pasado día 21 otra providencia en la que señalaba que no podía decidir sobre esa petición hasta que los saharauis nombraran un procurador que les representara, para lo que les dio un plazo de diez días.

En esa ocasión, los magistrados observaron que la modificación en 2009 de la Ley reguladora del asilo y de la protección subsidiaria que prevé la adopción de medidas cautelarísimas con carácter de urgencia es contradictorio con la exigencia de que sea nombrado abogado y procurador.

Mientras los magistrados se reunían hoy para decidir si paralizaban la expulsión, CEAR denunciaba que el traslado de los saharauis al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria podía obedecer al propósito de "acceder de una manera más fácil a las líneas aéreas y a los vuelos que puedan existir con El Aaiún", adonde hipotéticamente serían enviados.

Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior han asegurado que la hipotética expulsión de estos saharauis no se llevará a cabo en ningún caso hasta que se pronuncie la Audiencia Nacional.

Estas mismas fuentes han eludido pronunciarse sobre los motivos de su traslado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria.