Esta es la historia de una vecina de Santa Cruz de Tenerife que el miércoles estaba a un paso de la calle y ayer recibió una llamada que le devolvió la tranquilidad.

Yayi estaba en tiempo de descuento. El 31 de enero se hacía efectiva la orden de desahucio que dejaba en la calle a ella, a su madre encamada e imposibilitada y a un nieto que vive con ella. El miércoles, desesperada, intentaba realizar las últimas gestiones en el Instituto de Vivienda del Gobierno de Canarias y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Decidió contar a este periódico su historia, pero pidió mantener el anonimato.

Con 53 años llevaba más de un año en paro y tenía que vivir con los 391 euros de la paga de viuda que percibe, según explica. El alquiler del piso en el barrio de Somosierra ya era imposible de costear, ya que ascendía a 400 euros. Tampoco era una opción cambiarse a un lugar más económico, ya que por debajo de 300 euros no existe oferta privada de alquiler en la ciudad.

El miércoles, cuando EL DÍA preguntó por la situación de esta mujer a la Consejería de Vivienda, explicaron que "se le estaba dando prioridad" a Yayi para encontrarle una solución. Fuentes de Vivienda añadieron también que se le había acompañado para que se inscribiera en el Registro Público de Viviendas, con el fin de que al menos pudiera acceder a un piso de alquiler por 50 euros al mes. Éste es un servicio que ofrece el Gobierno de Canarias a los propietarios de viviendas, por el cual el inquilino sólo paga 50 euros al mes de alquiler y el Ejecutivo subvenciona la mayor parte de la renta mensual.

El miércoles en Vivienda se lamentaban de que no existiera ninguna vivienda libre que reuniera las características de accesibilidad necesarias para esta mujer, pero ayer Yayi ya contaba con una, por 50 euros al mes, "en el Muñeco de Nieve", explicaba. Podrá disfrutar de este tipo de alquiler durante un máximo de dos años y confía en que ese tiempo mejore su situación.

Yayi aseguraba, como otros demandantes de viviendas sociales, que hay pisos en Santa Cruz cerrados. Vivienda recuerda que son los vecinos quienes tienen que denunciar estos hechos porque todas los pisos (incluidos los vacíos) tienen un adjudicatario. "Si no hacen una denuncia, el Gobierno no puede intervenir", subrayan.

Yayi estuvo trabajando para una empresa de tarot durante cerca de ocho años, pero con la crisis económica no le renovaron ni a ella ni a otros trabajadores. Además, como ella tenía un contrato mercantil con ellos no tiene derecho a paro ni a ninguna prestación no contributiva a causa de su paga de viuda.

Las ayudas al alquiler que le concedieron de 1.800 euros el Ayuntamiento y de 1.900 el Instituto Canario de la Vivienda de poco le sirvieron en la práctica, puesto que la deuda con su casera "es mayor". "Ese dinero quedó automáticamente depositado en el Juzgado", explica.

Además, Yayi cuenta que es diabética y fue intervenida hace dos meses de una reducción de estómago, como única solución que encontraron los médicos para atajar una enfermedad que le obligaba a inyectarse insulina hasta cinco veces al día.

El motivo por el que Yayi no ha querido aparecer en este reportaje es un sentimiento de "vergüenza" que no se le quita aunque se dé cuenta de que ella no tiene la culpa de esta situación. "Me quedé viuda joven y he sacado tres hijos adelante yo sola. Siempre he vivido de alquiler y nunca he tenido problemas para pagarlo", detalla.

En este caso, Yayi y su familia respiran tranquilos. Las cajas con las pertenencias embaladas cuyo destino parecía ser la calle irán a un nuevo hogar. Un final feliz necesario en épocas tan difíciles.