El Plan General de Ordenación (PGO) de Arona volvió a calentar los ánimos durante el debate de dicho punto del orden del día del pleno de las 19:00 horas de ayer, y ni siquiera la gélida tarde-noche del casco urbano sirvió para enfriarlos.

El concejal socialista José Antonio Reverón pidió que antes de que se procediese a la lectura, que dicho punto del orden del día se quedase sobre la mesa. Para ello, presentó al Pleno el escrito al que un día antes había dado registro de entrada y en que se especificaba que a su grupo no se le facilitó copia del texto urbanístico.

Además, advertía de que en el caso de votación se ejercitarían "de forma inmediata las acciones penales contra la secretaria municipal, Arama Fuentes, y contra los concejales que voten a favor del documento por un presunto delito contra la ordenación del territorio".

Reverón hizo constar en el acta plenaria la documentación aportada, pero el alcalde, José Alberto González Reverón, no tuvo en cuenta dicha advertencia y ordenó la lectura del punto, su debate y votación. En este sentido, los dos puntos relativos al PGO aronero contaron con el respaldo no sólo del grupo de gobierno, sino también del Partido Popular (PP) y Centro de Arona (CAN), mientras que el PSC los rechazaba.

Intentos en vano

El concejal de Urbanismo, Antonio Sosa, y el propio alcalde intentaron convencer a los socialistas para que votasen a favor de la aprobación del TR1 una vez subsanados los errores detectados por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), así como de la ratificación del TR2 al desestimarse las alegaciones presentadas durante el último período de exposición pública.

Mientras Sosa indicaba que "hemos adoptado todas las recomendaciones de la Cotmac en el TR1, por lo que confiamos que el texto se publique en el boletín oficial y su posterior entrada en vigor"; González Reverón resaltaba que "la gran novedad del TR1 es que cuenta con informe favorable de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, por lo que no será un documento de ida y vuelta".

En cuanto al TR2, "deberá ser analizado por la Cotmac y en su mano está aprobarlo y sacarlo a publicación, con lo que se unificaría el TR1 y el TR2 en un planeamiento único; o bien que una vez revisado nos los remita al ayuntamiento para que se subsanen posibles errores", dijo Sosa.

Las argumentaciones del gobierno local dejaron perplejo al jefe de la oposición, Francisco García Santamaría, quien manifestó que "no sabemos qué diferencias existen entre un documento y el otro del TR1 porque el gobierno local no nos ha facilitado ninguna copia, a pesar de que la solicitamos en la Comisión de Urbanismo".

"Tenemos indicios de que hay ciertas irregularidades que se siguen manteniendo. Después de que este gobierno haya perdido 8 años en tramitaciones del PGO, no podemos permitir un documento que no beneficia a Arona", expresó.

Así, dijo que "estamos cansados de tantos engaños, mentiras y manipulaciones del gobierno local, por lo que no vamos a ser copartícipes en este asunto".

Reclaman casi 8 millones al ayuntamiento

No sólo el PGO fue polémico, sino también la desestimación de tres alegaciones al presupuesto de Arona presentadas por tres concesionarias del ayuntamiento, las cuales le reclaman alrededor de 8. millones de euros. En este sentido, las actuales adjudicatarias de la recogida de basura y jardines exigen el pago de facturas pendientes y de desequilibrios económicos por valor superior a los 5,1 millones de euros; mientras que la antigua concesionaria de electrificación, Chijafe, reclama 2,6 millones. Al respecto, el jefe de la oposición, Francisco García Santamaría, criticó el modo de trabajar del gobierno municipal con Chijafe porque las obras que le encargaron "fueron pedidas por decreto en la pasada precampaña electoral y ahora nadie quiere reconocer el trabajo realizado para abonar las facturas que ha presentado" dicha empresa. Explicó que en la comisión correspondiente "se dejó claro por Intervención que no se podía autorizar este pago porque se podría incurrir en un presunto delito de malversación y ahora la empresa se encuentra sin liquidez y en banca rota".