El Ejecutivo estatal aprobó ayer el anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones con el propósito de que ésta entre en vigor en 2013. Eleva la edad de jubilación a los 67 años en un horizonte de 15 años, hasta 2027. Este incremento se realizará a razón de un mes por año durante los seis primeros y de dos meses por año durante los nueve últimos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que se trata de un acuerdo muy importante con los agentes sociales, pero que aún están negociando otros aspectos relativos a la negociación colectiva o las políticas activas de empleo.

En coherencia con este incremento en la edad de jubilación, aquellos que salgan del mercado laboral a los 67 años tendrán que haber cotizado 37 años para poder cobrar la pensión máxima, frente a los 35 actuales. Este tránsito se realizará progresivamente, en paralelo a la edad legal de jubilación.

Edad mínima

No se modifica sin embargo la edad mínima para tener derecho al 50% de la pensión, que se mantendrá en 15 años, de forma que ahora harán falta no 20 sino 22 años más para poder acceder al 100% de la prestación.

Sin embargo, existen excepciones. Así, aquellos con 65 años que tengan carreras de cotización de 38,5 años o las cumplan antes de los 67 años podrán jubilares con toda la pensión. En este caso, el paso de los 35 años a los 38,5 años para acceder a la pensión máxima se realizará a razón de seis meses cada dos años, es decir, en siete escalones. A partir del cuarto año de entrada en vigor de la reforma, una persona con 65 años podrá jubilarse con toda su pensión si cuenta con 35 años cotizados.

El Ejecutivo considera que la reforma de las pensiones supone pasar de un sistema "imperativo" a otro "flexible" para permitir a los trabajadores que tengan mayor elección a la hora de jubilarse.

Por ello, cabe la posibilidad de jubilarse de forma anticipada y voluntaria a partir de los 63 años con una carrera de cotización de 33 años o más, aplicando un coeficiente reductor en relación a la edad de jubilación ordinaria que le corresponda dependiendo del momento de desarrollo de la reforma.

Con carácter general, el coeficiente reductor pasará del 8% al 7,5%, esto quiere decir que la jubilación anticipada y voluntaria a los 63 años supondrá una horquilla de penalización del 15% para el primer momento de la reforma y del 30% respecto a los 67 años que estén vigentes en 2027.

Con todo, el Gobierno ha previsto una fórmula de atenuación del coeficiente reductor para que éste no sea superior al 42%, con lo que este porcentaje será el recorte máximo que un prejubilado podrá tener que sufrir en su prestación.

Por otro lado, también se ha modificado el incentivo para aquellos que retrasen voluntariamente la edad de jubilación sobre la ordinaria, pasando del 2%-3% al 3,5%, tanto para aquellos que trabajen más allá de los 67 como los que lo haga a los 65 años y puedan jubilarse a esa edad por sus años cotizados.

En cuanto a la regulación de la reducción de la edad de jubilación para profesiones penosas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para establecer mediante un decreto ley qué profesionales y con que reducción podrán jubilarse en este marco.

En este punto, la reforma también contempla que las prejubilaciones tengan carácter voluntario y no tengan que pasar por un despido, al tiempo que se encarecen para los empresarios las prejubilaciones en expediente de regulación (EREs).

Ayuda de 400 euros

Por otro lado, la reforma amplía de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones, lo que, según Trabajo, tendrá un efecto de subida o bajada del 1% sobre las pensiones en el caso del Régimen General y algo mayor en el caso de los autónomos.

La reforma también contempla que las mujeres puedan contar, solo a efectos de jubilación a partir de 2013, con 116 meses de cotización por hijo con un máximo de dos años si han tenido que dejar de trabajar para cuidarlo. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez dijo ayer que la reforma de las pensiones incorpora por primera vez el factor de "sostenibilidad" para que cada cinco años se revise el sistema en función de los cambios en la esperanza de vida.

Por otra parte, el nuevo programa de ayuda a la formación de 400 euros que dirigirá el Gobierno a los desempleados de larga duración sin rentas entrará en vigor en las próximas semanas. Así lo dijo ayer Valeriano Gómez tras indicar que se trata de uno de los acuerdos cerrados con los agentes sociales la pasada madrugada en la reforma de las políticas activas y del que se beneficiarán "numerosos desempleados".