Los afectados por la causa de los niños que fueron robados desde la década de los cuarenta hasta los años noventa comparten el mismo fin: que la Justicia investigue el delito y puedan encontrar a sus seres queridos. Sin embargo, las dos asociaciones mayoritarias implicadas luchan por caminos separados.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que aglutina aproximadamente a 500 personas, solicitó el pasado jueves a la Fiscalía que abra una investigación para identificar a los responsables de la trama dedicada al robo y posterior venta de niños. Por su parte, la Plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, formada por alrededor de 300 familias, presentó una denuncia conjunta en la Audiencia Provincial de Madrid, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional el pasado año.
El fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, se reunió en un par de ocasiones a finales del pasado año con representantes de la Plataforma a los que les explicó que la causa no es competencia de la Audiencia Nacional, si bien se ofreció como "cauce de comunicación" con el Ministerio de Justicia para facilitar la creación de una oficina que coordine las demandas de los afectados. Zaragoza solicitó en un escrito dirigido a Justicia la creación de la oficina y además reiteró las dificultades técnico-jurídicas para que la Audiencia investigue la trama de los niños robados.
Dos cauces diferentes, a pesar de que las dos asociaciones coinciden en que el origen de la trama, que se remonta a los años cuarenta, una vez que finalizó la Guerra Civil, se debe a motivos políticos. Según el abogado de Anadir, Enrique, el germen de la "mafia" en la que participaron desde médicos hasta miembros de la Iglesia se inició con el robo de los hijos de republicanos encarcelados, a quienes decían que los bebés habían muerto al nacer y que, en realidad, entregaban a familias afines al Régimen de Franco.
A juicio de Vila, al poco tiempo, "esta práctica cruel" se convirtió en una trama de ámbito nacional "pura y únicamente económica", e insiste en que las víctimas no eran sólo republicanos, sino familias de bajo estrato social, que por su condición no tenían capacidad de investigar el caso.
En este sentido, el abogado de Anadir, que cuenta en el libro "Historias robadas" varios casos de robos y adopciones falsas, indica que ésta es una de las discrepancias que mantiene con la Plataforma, ya que, en su opinión, ésta defiende que el robo de bebés siempre tuvo tintes políticos y el apoyo absoluto del régimen franquista.
"Nos comprendemos, vamos al mismo fin, pero hemos emprendido caminos absolutamente paralelos", subraya Vila, quien añade: "Quien se sienta afectado por el régimen de Franco, que acuda a la Plataforma, quien se sienta víctima de una trama mafiosa que sólo pensaba en lucrarse, que acuda a la vía que nosotros hemos elegido". Por su parte, la portavoz de la Plataforma, Mar Soriano, argumenta que al margen de los fines económicos de la trama, el robo de niños se llevó a cabo para "compensar" a las familias que eran afines al Régimen, y que se llevaron a cabo hasta los años ochenta porque aún estaban vigentes las leyes franquistas.
"Eso no lo hace una banda de traficantes de niños", opina Soriano. Incluso, afirma que tienen conocimiento de niños que fueron robados en España y, posteriormente, llevados a Alemania, "como trato de favor" de Francisco Franco a Adolf Hitler. A pesar de las discrepancias, la portavoz de la Plataforma muestra su deseo de que la Fiscalía General del Estado acepte la petición de Anadir de abrir una investigación y asegura que si esta asociación le hubiera informado al respecto, quizás hasta ella misma se hubiera adherido a esa solicitud. Motivos políticos o económicos, tanto Soriano como Vila también coinciden en que los delitos deben ser investigados puesto que aún no han prescrito.
Sostienen que los robos son equiparables a secuestros, al ser arrebatados los recién nacidos de sus padres, en los que además se falsificaron los documentos en el Registro Civil, con ayuda de trabajadores de la Administración. Vila especifica además que al afectar a un gran número de personas, en torno a 300.000, y el Estado no haber investigado las desapariciones, se podrían considerar incluso delitos contra la humanidad, "que no prescriben nunca".