Existe una creencia generalizada de que la sanidad es gratuita y universal, pero lo cierto es que es un derecho vinculado a la actividad laboral, hasta el punto de que una persona desempleada que agota las prestaciones que le corresponden pierde inmediatamente la asistencia gratuita, salvo que solicite ser reconocida como persona sin recursos económicos. Eso ahora va a cambiar, ya que "en cuestión de dos meses, a lo sumo tres", el Gobierno de Canarias va a poner en marcha un sistema que garantice que quien no trabaje y no cuente con medios suficientes tenga asegurada cualquier tipo de asistencia sanitaria.
"Hace un año se incrementó el número de personas desempleadas que agotaban el período máximo de prestación y cuando iban al centro de salud o al hospital se encontraban con que luego les llegaba una factura con esos costes porque habían perdido el derecho. Muchas de ellas ni siquiera sabían que se encontraba en esta situación y tenían que pedir el reconocimiento del derecho de asistencia sanitaria como persona sin recursos para continuar siendo atendidos sin tener que pagar", recuerda la secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud (SCS), Lourdes Quesada, antes de explicar que "lo que ahora está a punto de aprobarse es un sistema por el que son las distintas administraciones las que se comunican y cruzan los datos y se hace directamente el traspaso de una condición a otra. La persona no tiene ni siquiera por qué enterarse de que cambia su situación, porque pasa de estar en alta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social a estarlo como persona sin recursos económicos suficientes en la tarjeta sanitaria".
Hasta el momento son las personas que se encuentran desempleadas y sin prestaciones las que deben solicitar este procedimiento y aportar numerosa documentación sobre su situación; además, el reconocimiento dura sólo un año y luego se debe hacer de nuevo el mismo proceso. "Esto genera muchos problemas porque cada año se vencen muchísimas tarjetas y no tenemos capacidad para renovarlas todas, además de que el propio usuario no tiene conocimiento de que ya se le ha caducado y la situación se repite, porque si va al centro de salud luego le llega una factura ", admite Quesada.
Con este nuevo sistema de conexión telemática, lo único que se hará es solicitar a los nuevos solicitantes de las tarjetas sanitarias que autoricen al SCS a acceder a los diferentes datos que obren tanto en Hacienda (IRPF) como en el Servicio Canario de Empleo, y a los que tengan una tarjeta antigua se les llamará y se les informará de que pueden quedarse sin asistencia gratuita y se les pedirá la misma autorización de acceso a sus datos personales. "Además no durará un año, como hasta ahora, sino mientras dure la situación de escasez de recursos económicos", señala la experta del SCS.
"No se puede cuantificar cuántas personas se beneficiarán de esta modificación -añade-, pero ahora mismo son más de 3.000 los procedimientos pendientes de resolver de personas sin recursos".
Respecto al coste de esta modificación del procedimiento, Quesada asegura que "es prácticamente inexistente, es más, es probable que incluso se genere ahorro".
De esta manera Canarias se suma a las experiencias similares puestas en marcha ya en Extremadura, Valencia y Madrid, y se sitúa en la línea del Ministerio de Sanidad que trabaja en la modificación de la ley para garantizar el acceso sanitario a todos los ciudadanos.
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