El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), dependiente del Cabildo, y el Consejo Consultivo de Canarias no admitieron recientemente la reclamación patrimonial de casi 1,8 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas de la tragedia de la galería de Piedra de los Cochinos, donde fallecieron seis jóvenes. Sin embargo, sí señalaron a la Comunidad Autónoma de Canarias como entidad competente en materia de seguridad en el momento del accidente. La resolución del CIATF, apoyada en un dictamen del Consultivo solicitado por el Cabildo, apunta así al Gobierno de Canarias como posible responsable patrimonial de la tragedia.

El Consejo de Aguas subraya que inadmite las reclamaciones de indemnización presentadas por las familias de las seis víctimas mortales y doce de los supervivientes y heridos "por carecer de competencias en materia de seguridad de galerías u obras hidráulicas subterráneas de titularidad privada cuando se produjo el accidente, al corresponder dichas competencias exclusivamente a la Comunidad Autónoma".

Además, añade que "no es jurídicamente reprochable al CIATF no haber constatado, con ocasión del ejercicio de sus competencias, la ausencia de condiciones de seguridad exterior en la galería para denunciarlo a la administración minera, ya que no existe ningún deber de supervisión de galerías privadas por parte de este organismo". También destacan que el CIATF no tuvo conocimiento anterior del peligro que existía.

En su dictamen, el CIATF señala que "en cumplimiento del deber de colaboración con otras administraciones", remitirá a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y a su Servicio de Minas "las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial presentadas contra el Consejo Insular de Aguas".

También le dará traslado del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias número 46/2011 donde se recalca que el CIATF no tenía competencias en seguridad de galerías en febrero de 2007 y que "no hay relación de causalidad entre el funcionamiento normal o anormal de este servicio público y el daño causado a los afectados".

El CIATF también plantea en su dictamen que la cuantía de las indemnizaciones por daños morales planteadas por las familias de los fallecidos y una docena de supervivientes "parecen excesivas".

Las familias de los fallecidos reclaman entre 126.000 y 150.000 euros por los daños morales causados a cada progenitor por el fallecimiento de sus hijos. Los heridos reclaman entre 5.555 y 32.800 euros por las lesiones sufridas. Cada superviviente solicitan 3.000 por los daños morales sufridos. En total, se piden 1.730.000 euros de indemnización.

El Consultivo considera que los excursionistas cometieron "cierta imprudencia" en su actuación, pero aclara que "la actuación de los afectados no puede reprocharse hasta el punto de eliminar toda responsabilidad administrativa".

Debido a la ausencia de señales informativas del peligro existente, el Consultivo también apunta la posible corresponsabilidad de la administración gestora del Parque de Teno en la tragedia.

La Consejería regional de Industria aún no ha respondido a los escritos de reclamación de responsabilidad patrimonial presentados por los afectados en marzo de 2010. En breve sí tendrá que responder de estas demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al igual que el resto de posibles responsables del suceso.

Camino del TSJC

La próxima semana se presentará ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en Las Palmas de Gran Canaria, el contencioso judicial de tres de las familias de los fallecidos contra la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, los propietarios de la galería de Piedra de los Cochinos (Comunidad de Aguas Heredamiento de Daute), la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (Atan) y los dos supuestos guías de la trágica excursión del 10 de febrero de 2007. Esta parte implicada en el proceso considera que estas dos administraciones públicas, los propietarios, la entidad organizadora de la excursión y los supuestos guías son corresponsables de la tragedia que conmocionó las Islas hace ya cuatro años. Se prevé que este proceso judicial sea largo, debido a las numerosas partes implicadas y a la complejidad del asunto. Tampoco se descarta que este juicio por la vía civil ofrezca nuevas evidencias que permitan reabrir la vía penal, sobreseída provisionalmente.