Los 15 saharauis que llegaron en lancha neumática a Fuerteventura el pasado 5 de enero y que se encontraban en un centro de internamiento de Gran Canaria mientras se tramitaba su petición de asilo político, han quedado hoy en libertad al cumplirse los 60 días que podía permanecer retenidos.

El coordinador de Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo, ha indicado que estas personas siguen a la espera de los recursos que presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la decisión del Gobierno español de no aceptar la tramitación de su asilo.

Ahora, al cumplirse hoy el plazo máximo de estancia en el centro de internamiento, han sido puestos en libertad y once de ellos permanecerán atendidos por CEAR en Gran Canaria, otros dos han sido acogidos por sus propios familiares en esta misma isla y otros dos han sido trasladados a un centro de acogida de la Cruz Roja en Fuerteventura.

Para Lorenzo lo "importante" es la tendencia hacia la "normalización" de la situación de residencia de estas personas en España, "hasta tanto se pronuncie el TEDH sobre el contenido de la solicitud de asilo".

En su momento, el Ministerio del Interior cumplió la petición del TEDH de suspender provisionalmente la expulsión de los quince saharauis que habían solicitado asilo en España y cuya petición fue rechazada por la Audiencia Nacional.

La solicitud del Tribunal de Estrasburgo se fundamenta en el artículo 39 de su reglamento, que se aplica ante "un riesgo inminente de daño irreparable" que suponga una amenaza contra la vida o malos tratos.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado pidió al tribunal europeo que aplicara esta medida urgente por los problemas que tendrían los expulsados con las autoridades marroquíes, debido a su origen étnico.

Se da la circunstancia de que es la primera vez que este tribunal pide a España la aplicación de medidas provisionales en un caso de expulsión de ciudadanos saharauis.

Los 15 saharauis llegaron a Fuerteventura en una lancha neumática el pasado 5 de enero y pidieron asilo, demanda que fue denegada por el Gobierno y posteriormente la Audiencia Nacional autorizó la expulsión.