El senador estadounidense John McCain aseguró hoy que Birmania (Myanmar) se enfrenta a una revolución similar a las que han sacudido varios países árabes si el nuevo Gobierno civil no acomete reformas democráticas y respeta los derechos humanos.

"Soplan vientos de cambio, que no se limitará al mundo árabe (..) aquellos que ignoren que se resisten a las reformas democráticas eventualmente sufrirán luego la fuerza revolucionario", dijo McCain a la prensa, según la televisión Channel News Asia.

El candidato presidencial norteamericano concluyó hoy una visita oficial de tres días a Birmania con el objetivo de conocer sobre el terreno los resultados de la nueva política de diálogo con las autoridades birmanas lanzada por el presidente de EEUU, Barack Obama.

El pasado 30 de marzo, la Junta Militar que gobernaba el país se disolvió para culminar la transición hacia un gobierno en teoría civil, aunque la composición del Ejecutivo incluye a 23 titulares con pasado militar y tres en activos.

Tras reunirse ayer con la líder opositora Aung San Suu Kyi, McCain indicó que espera que la Nobel de la Paz pueda cumplir su objetivo de realizar una gira política por Birmania.

"Su anterior intento estuvo plagado de violencia, y esta vez es una prueba importante para ver los deseos de cambio", dijo, en alusión a los antiguos generales que ahora dicen gobernar como civiles.

La activista viajó fuera de Rangún en 2003 y en aquella ocasión sufrió tal acoso que su vida corrió peligro.

Tras pasar 15 de los últimos 21 años bajo arresto domiciliario, Suu Kyi salió en libertad en noviembre del año pasado, poco después de que se celebraran unas elecciones en las que los partidos de los uniformados obtuvieron una abrumadora mayoría en el Parlamento.

La primera votación en dos décadas fue fraudulenta y el resultado no fue legítimo, según la oposición liderada por la Liga Nacional por la Democracia de Suu Kyi.

McCain también se entrevistó ayer con altos cargos del régimen birmano y, aunque dijo que quieren mejorar sus relaciones con EEUU, consideró que no se deben levantar las sanciones económicas hasta que sean liberados 2.000 presos políticos.