La Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la Unión, está analizando la petición de España de volver a pedir un permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos para decidir si autoriza la medida o no, informó ayer la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios, Chantal Hughes.

La portavoz indicó que Bruselas recibió el pasado viernes una carta de las autoridades españolas que detalla la medida que el Ejecutivo español proyecta aplicar a los trabajadores de origen rumano.

Aunque en principio en un mercado ya "liberalizado", como es el caso del español, no se deberían imponer nuevas restricciones, existe la posibilidad de hacerlo si concurren "circunstancias excepcionales", admitió la portavoz.

Dar cifras concretas

Para justificar la medida, España "debe probar un riesgo de distorsión o impacto mayor sobre el mercado laboral", a partir de cifras concretas.

Según los datos con los que cuenta Bruselas a partir de las estadísticas de Eurostat, el número de trabajadores rumanos llegados a España y otros países "ha bajado mucho" en los últimos años, añadió la portavoz.

La normativa europea prevé que la Comisión debe comunicar al Consejo (que representa a los países de la UE) toda decisión sobre la suspensión temporal de la libre circulación de trabajadores.

A continuación, cualquier país puede oponerse a la misma, en cuyo caso el Consejo decide sobre la cuestión por mayoría cualificada.

Situación excepcional

El visto bueno de la Comisión no siempre es obligatorio antes de la adopción de los planes, ya que la normativa europea prevé que, cuando se da una "situación excepcional", un país puede adoptar la medida de manera unilateral y con efecto inmediato.

En todo caso, después se debe informar al órgano ejecutivo la Comisión Europea, que tiene que autorizar la decisión.

España planea que a partir de agosto los ciudadanos rumanos que deseen trabajar en el país por cuenta ajena obtengan un permiso con base en la existencia previa de un contrato de trabajo.

La Comisión hizo hincapié ayer, por boca de la comisaria Chantal Hughes, en que se trata de la primera vez que un Estado miembro pide que se active esta cláusula de salvaguarda.