El portavoz en La Laguna de Socialistas Por Tenerife-IUC-Verdes y redactor de una de las demandas que promovieron el denominado caso Las Teresitas, Santiago Pérez, compareció ayer junto a la candidata al Congreso de la formación socialista, Sí se Puede y Equo, Odalys Padrón, para resaltar la relevancia de las imputaciones que se han mantenido en la investigación de la operación de compraventa del frente de playa. Pérez considera muy grave que, pese a que se haya desimputado a muchos de los acusados por el presunto delito de cohecho, sigan en pie las acusaciones de malversación de fondos públicos y prevaricación, imputaciones que no se han retirado a ninguno.

En una de sus primeras comparecencias públicas en las que interviene como redactor de dicha demanda, algo que se sabía en múltiples ámbitos desde el principio, pero que Pérez no explicitó hasta hace poco, el exmiembro del PSC recalcó que, en ese texto, en ningún momento alude al cohecho "porque resulta muy difícil de probar". En este sentido, cree que, una vez que se rompa el secreto del sumario, algo que espera que se produzca de forma inminente, será muy interesante conocer los indicios por las que la Fiscalía amplió en 2009 la denuncia para incluir este supuesto delito, se supone que por hallar enriquecimientos patrimoniales ilícitos e insuficientemente justificados, y por qué se ha optado finalmente por la desimputación, al no haber encontrado, también supuestamente, pruebas que relacionasen esa situación con el caso.

Cambio de ley

Padrón, por su parte, anunció que, de ser elegida el domingo como diputada por la provincia, promoverá en Madrid un cambio en la ley para que los diputados y senadores acusados por supuestos delitos tan graves como la malversación de fondos, la prevaricación o el cohecho no puedan acogerse a la condición de aforado y, así, el caso pase al Tribunal Supremo. En este sentido, considera que lo ocurrido con Zerolo es un claro y poco edificante ejemplo de la búsqueda de un refugio ante acusaciones tan relevantes.

También recordó que el plazo para cumplir la sentencia del Supremo y que el ayuntamiento recuperase lo gastado expiró el pasado mes de junio.

Por otro lado, el gobierno de Santa Cruz confirmó ayer a EL DÍA que, el próximo martes, presentará la contradenuncia contra la empresa Inversiones Las Teresitas para que devuelva los 56 millones de euros (intereses incluidos) de la compraventa, mientras que la compañía ha hecho lo propio para reclamar 116 millones por el supuesto lucro cesante.