El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín, se mostró ayer respetuoso con la decisión del portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, de presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por el ya denominado caso Siliuto, si bien considera que dicha formación debió esperar a la presentación, durante la próxima semana, de las conclusiones oficiales del gobierno sobre la investigación abierta tras la compra, en 2002 y por parte del consistorio, de la casa de dicho nombre por el doble de una de las tasaciones de técnicos municipales.
Como hasta ahora, Martín considera totalmente lícito que Sí se Puede haya recurrido a la Fiscalía por un desfase en el precio pagado, que va desde los 332.496 euros de la citada tasación de técnicos de urbanismo a los 612.777 finalmente pagados a los propietarios. Eso sí, cree que hubiese sido más acertado esperar a las conclusiones municipales y sumarse, en su caso, a las acciones que emprenda el consistorio, que ayer no quiso precisar.
En este sentido, y aunque tampoco quiso hacer públicas esas conclusiones y parte de lo descubierto durante la investigación interna, la presentación durante la próxima semana del análisis deparará alguna sorpresa o dato hasta ahora desconocido sobre los informes existentes y otros detalles del proceso de compraventa.
Para Arcila, por el contrario, lo ocurrido es un nuevo y claro caso de cómo se operó en el consistorio en mandatos anteriores y, aunque con cifras evidentemente inferiores, lo relaciona con lo que pasó en Las Teresitas.
En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, presentada en la mañana de ayer, el edil sostiene que se realizó una "maliciosa valoración de los terrenos y del inmueble por parte de una entidad ajena al ayuntamiento".