Natalia necesita un piso. Con 32 años y dos hijos, de siete años y dos meses, vive en casa de sus padres. Esto no sería un problema si se tratara de una vivienda amplia, pero no es así. Es un bajo de las 202 viviendas sociales de El Sobradillo con dos habitaciones pequeñas. En una duermen los padres de Natalia y en otra apenas cabe un sofá cama que, al abrirse, da con el armario y no deja sitio para nada más.

En ese sofá cama duerme Natalia y su hijo de siete años. El de dos meses duerme en el carrito porque no tiene espacio para montarle una cuna, se lamenta.

El Instituto Canario de Vivienda reconoce que Natalia Marrero está inscrita como demandante de una vivienda, lo que se le comunicó en octubre, pero que hay casos peores que el suyo. De esta forma, añadieron, se están priorizando los casos más urgentes. "Hay familias enteras que se han quedado en la calle o están repartidas en centros", explican, para señalar que es una suerte que ella pueda quedarse con sus padres.

Natalia, sin embargo, considera su situación muy penosa y se le saltan las lágrimas al explicar cómo su hijo de siete años le pregunta por qué él no tiene una habitación propia.

El padre de los niños también está en paro y vive con sus padres en unas condiciones similares o peores. "Colabora en lo que puede", explica.

Además, critica que existan viviendas de protección oficial que están vacías y ella misma ha denunciado esto en el Instituto Canario de Vivienda. "Las viviendas vacías, cuando se recuperan, se vuelven a adjudicar", explican desde el organismo del Gobierno de Canarias. Sin embargo, también reconocen que en algunas ocasiones el proceso de expropiación se complica y hay que llegar a la vía judicial, lo que requiere tiempo.

Natalia asegura que le han dicho que llame en cuatro o cinco meses para ver "cómo va" su caso y ella se desespera porque en ese tiempo su bebé será más grande y será más complicado hallarle un sitio en la casa de sus padres.

La última vez que trabajó fue en 2007, como charcutera. Estuvo viviendo entonces en un piso alquilado, pero al quedarse sin empleo tuvo que volver con sus padres.

En la actualidad no percibe ninguna ayuda. "Me quitaron los 400 euros de Zapatero", afirma, por lo que en estos momentos está pendiente de varias ayudas, la Prestación Básica del Ayuntamiento y otra del Cabildo.

También se queja de que para solicitar la ayuda del Ayuntamiento le han pedido un montón de documentos. "Me piden extractos de mi cuenta bancaria de los últimos tres meses y el banco me cobra dos euros por el extracto de cada mes", dice.

Lo último que le han comunicado que necesita es un abogado que certifique que ella está separada, pero la lista de espera para conseguir uno de oficio es "de cinco meses", asegura Natalia.

Ella ha pedido que un asistente social la visite en casa de sus padres para que haga un informe de su situación, pero hasta la fecha no se lo han hecho.

Los padres de Natalia perciben pensiones bajas, por lo que tampoco pueden ayudarla más de lo que hacen. "Es triste que un niño te pida un dulce y tengas que decirle que no", comenta.

Esta mujer está dispuesta a seguir luchando por sus hijos, pero solicita algo de ayuda de las administraciones públicas. Al menos para agilizar la burocracia que deja en suspenso durante meses casos como el suyo.