La CE considera que cualquier tipo de emisión de deuda común en la eurozona debería ir acompañada de una supervisión fiscal reforzada, lo que podría incluir poner a los países incumplidores bajo algún tipo de "administración" externa.

El borrador del libro verde sobre la viabilidad de la introducción de los eurobonos que el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, presentará el miércoles, indica que "cualquier tipo de bonos de estabilidad tendrían que ir acompañados por una vigilancia fiscal y una coordinación política sustancialmente reforzadas" para garantizar unas "finanzas públicas sostenibles".

Alemania teme que si se introducen los eurobonos, los países que deben poner en orden sus finanzas dejen de introducir las reformas necesarias porque se beneficiarían de las garantías de los demás y de la mejor calificación crediticia de otros Estados miembros.

Vincular los bonos de deuda común a un control más estricto de las finanzas públicas tendría implicaciones para la soberanía fiscal de los países incumplidores.

La CE considera que una mayor supervisión de las cuentas públicas conllevaría un análisis más estricto de los proyectos presupuestarios de los países, no solamente de Estados con problemas sino de todos los miembros.

"La aprobación por la UE de presupuestos podría ser necesaria para los Estados miembros que participen (en los eurobonos) bajo ciertas circunstancias tales como un alto endeudamiento o altos niveles de déficit", afirma la Comisión en el borrador.

Una mayor supervisión de la ejecución presupuestaria sería necesaria, lo que incluiría informar periódicamente del cumplimiento de los objetivos, la introducción de mecanismos de alerta basados en indicadores fiscales y la posibilidad de corregir desviaciones durante la ejecución del presupuesto.

Eso se podría hacer a través de "reservas presupuestarias" que los países tendrían que incluir en sus presupuestos y condicionando la entrada en vigor de nuevas y costosas medidas al cumplimiento de la ejecución presupuestaria, señala el documento.

También los países deberían reforzar sus mecanismos, a través de la introducción del equilibrio presupuestario en las constituciones o legislaciones nacionales, junto con un mecanismo para velar por su cumplimiento, la evaluación por parte de entidades independientes de los presupuestos y la creación de instrumentos de coordinación entre las diferentes administraciones.

Pero la CE va más allá y afirma que habría que poner en marcha un sistema que asegurara de manera creíble el pago de la deuda por parte de cada Estado miembro.

Afirma que el pago de los intereses de los bonos comunes "no debe ser cuestionada bajo ninguna circunstancia".

Una opción para garantizar este objetivo sería la de "poner al Estado miembro incumplidor bajo algún tipo de administración", según reza el borrador.

Otra posibilidad, que conllevaría menos injerencia en la soberanía fiscal, consistiría en introducir una cláusula que obligara a los Estados a dar prioridad al pago de sus deudas sobre cualquier otro gasto contemplado en sus presupuestos.

También se prohibirían nuevas emisiones nacionales si no se ha pagado aún los intereses.

La CE advierte de que estas opciones tendrían que tener fuerza legal, probablemente a nivel constitucional.

Barroso propondrá tres opciones para eurobonos: una contempla la sustitución de todos los bonos nacionales por bonos de estabilidad y con garantías de todos los Estados, y dos modelos prevén un reemplazo parcial con o sin garantías plenas de los demás. Dos esquemas requieren un cambio en el Tratado.

La CE afirma que los eurobonos harían al sistema financiero de la eurozona más resistente a futuras crisis, a la vez que el sistema bancario se beneficiaría al disponer de un activo más homogéneo, seguro y robusto, y facilitaría la transmisión de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo.