El acusado de pertenecer a Ekin Alberto López Iborra tomó ayer la palabra en su nombre y en el de otros ocho presuntos miembros de Segi para pedir a los "estamentos competentes del Estado" que reconozcan "el uso de la tortura y de sus consecuencias en determinadas operaciones policiales" para lograr "una verdadera normalización".

"Voy a ser breve, nuestro reto personal de cara al futuro y de las personas que estamos aquí será superar el odio, el terror, el miedo y la tortura que padecimos durante cinco días de incomunicación", afirmó López Iborra al inicio del turno de última palabra del juicio, que quedó visto para sentencia, contra nueve presuntos miembros de Segi y de Ekin acusados de cometer varios actos de "kale borroka" en Barañain (Pamplona) entre 2007 y 2008.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el procesado subrayó que sería, a su juicio, "conveniente, positivo y necesario" para "una verdadera normalización que los estamentos competentes del Estado reconocieran el uso de la tortura y de sus consecuencias en determinadas operaciones policiales".

Tras él, el único acusado que quiso aprovechar su turno de última palabra fue Luis Goñi y lo hizo también para denunciar la existencia de malos tratos en la sede policial. "Por dejar las cosas claras, cuando nos obligaron a hacer las declaraciones no era algo que quisiéramos hacer nosotros, era algo que nos obligaron a decir", apostilló.

"A mí, personalmente, me obligaron a decir que Alberto López Iborra era miembro de Ekin y si me hubieran dicho que era el hombre del saco, lo hubiera dicho", relató con voz entrecortada ante el juez, aunque posteriormente sonrió cuando tomó asiento en el banquillo de los acusados, donde otro de los procesados -Noé López Albizu- le dio una palmada en la espalda.

Ante el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, la defensa de los procesados -para quienes el fiscal pide penas de entre 8 y 10 años de cárcel- reclamó su libre absolución alegando falta de pruebas, porque, a su modo de ver, "las investigaciones sobre este grupo se iniciaron a raíz de unas declaraciones policiales que no consideran válidas y que no fueron ratificadas ante el juez".

Además, calificó como "absolutamente desproporcionada" la pena de 10 años de prisión solicitada por el Ministerio Público para la considerada responsable de Ekin Maider Caminos, y defendieron que el hecho de que esta estructura "sea inexistente y se disolviera a iniciativa propia" debería rebajar la pena.

En otro orden de cosas, la Fiscalía de Bruselas defendió ayer ante la Corte de Apelación de la capital belga su recurso para lograr la extradición a España del etarra Ventura Tomé Quiroga, caso que los jueces resolverán el próximo jueves.

Según el abogado de Tomé Quiroga, Paul Bekaert, y la portavoz de la Fiscalía, el tribunal se dio tres días de plazo para decidir si autoriza la entrega del acusado a la Justicia española tras su detención en Bélgica el mes pasado.

Por otro lado, el Tribunal Supremo celebrará hoy una vista para revisar la condena a un año de cárcel impuesta a un acusado de participar en el ataque a un repetidor de telefonía de Mendibil (Álava) en 2009 que se mostró arrepentido durante el juicio y que pagó 6.864 euros en concepto de responsabilidad civil.