El presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS), José Manuel Sieira, ha reconocido hoy que tiene mucho miedo a posibles recortes y ha apelado al Gobierno, el actual o "el que venga", a que entienda que "la Justicia no es un gasto, es una inversión".

"Miedo sí, mucho", ha dicho Sieira en un desayuno informativo para explicar la situación de la sala que preside, al ser preguntado por la posibilidad de que la crisis fuerce también recortes en este tribunal.

El presidente de la sala tercera del Supremo ha recalcado la necesidad de que se mantenga el esfuerzo emprendido con el plan de Actualización del TS para el periodo 2010-2012 con el fin de reducir los tiempos de resolución de las causas y disminuir el número de asuntos pendientes, que a su juicio ha tenido un resultado muy positivo.

Los datos revelan, según Sieira, que uno de los objetivos de ese proyecto, que era poner "al día" la sala de lo contencioso-administrativo, se puede dar por prácticamente conseguido, ya que si a finales de julio de 2010 había mas de 11.000 asuntos pendientes de sentencia, esa cifra se ha reducido a fecha del pasado día 1 hasta aproximadamente los 8.700.

El plan supuso un aumento de magistrados y un reforzamiento del Gabinete de Apoyo del TS, cuyo papel es indispensable en opinión de Sieira si se pretende conseguir que el Supremo pueda resolver los asuntos en un plazo medio de 12 meses, lo que permitiría a su vez limitar los recursos y reducir la carga de trabajo.

"Lo importante es que el Gobierno que venga debe entender que la Justicia es rentable", ha afirmado para recalcar la importancia de que invertir en Justicia es bueno para el Estado y "todavía mejor" en un contexto de crisis económica.

Por eso, al futuro ministro de Justicia no le pide un mayor esfuerzo económico, sino que se mantenga lo que ya existe y apoye la regulación de ese gabinete técnico para conseguir dotarlo de estabilidad y que el TS pueda trabajar a ese ritmo.

Durante este encuentro con la prensa, al que también ha asistido la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, el magistrado ha negado que la elevación de la cuantía para poder recurrir al Supremo de 150.000 a 600.000 euros, que establece la nueva ley de agilización procesal, suponga que hay una justicia para ricos y otra para pobres.

Por el contrario, ha recordado que existe la posibilidad de recurrir al Supremo en casación para la unificación de doctrina sin ese coste económico.

Sieira también es partidario de abrir una reflexión sobre las competencias de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas y la posibilidad de que el Supremo se dedique a materias que afectan al núcleo del Estado, como el derecho autonómico o asuntos relacionados con economía, asuntos exteriores y defensa.

"Creo que hay espacio para andar", ha dicho, tras considerar que "no podemos ver a las comunidades autónomas como competidoras", sino que se trata de organizar un sistema en el que las competencias se complementen.