El gobierno de CC y PP en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aprobó ayer en solitario el incremento del 18,2% en la tarifa del servicio de abastecimiento de agua potable. La oposición, formada por PSC, IUC y VxP, votó en contra de este aumento y acusó a nacionalistas y populares de plegarse a los intereses de la empresa concesionaria Aqualia. El alcalde, Marcos Brito (CC), negó esta acusación y aseguró que "si no se sube el agua, los que gastan más no pagarán más, y la diferencia existente entre el precio real y el facturado la tendría que seguir asumiendo el ayuntamiento con el dinero de todos los vecinos".

IUC subrayó que "esta subida no tocaba ahora" y apuntó que la tarifa del agua "se tenía que haber incrementado de forma progresiva, ya que este incremento brusco pone en riesgo la economía de algunas familias". Para la formación de izquierdas, "lo lamentable es que los vecinos sigan pagando los beneficios a multinacionales como Aqualia" y recalcó que "si el servicio fuera público, nos ahorraríamos al menos el 6% de beneficio industrial".

Vecinos por el Puerto (VxP) acusó a CC y PP de "parapetarse detrás de Aqualia para justificar un aumento de la tarifa que es de su exclusiva responsabilidad". Además, acusó al gobierno de "defender los intereses de multinacionales como Aqualia, Sufi o Endesa, en lugar de defender los intereses ciudadanos. Porque no reducir los costes de las concesiones es favorecer a esas empresas".

El PSC recalcó que esta subida del agua "agrava aún más el incremento sin precedentes de la presión fiscal aprobado en el último pleno" y responsabilizó a CC y PP de que "ahora haya que subir más los precios por su mala gestión".

La concejala de Hacienda, Sandra Rodríguez (CC), respondió que "el 80% del coste de este incremento lo asumirán las grandes empresas del municipio, que son las que más agua consumen". Y acusó a la oposición de actuar de forma irresponsable y demagoga en este asunto: "Si no revisamos las tarifas del agua, el ayuntamiento tendría que seguir subvencionando a Aqualia".

Además, Rodríguez justificó este incremento "debido a la existencia de una sentencia judicial que obliga al ayuntamiento a pagar a Aqualia de forma inmediata más de 4 millones de euros que se le adeudan. Una cantidad que por supuesto no tenemos en la actualidad".

Este incremento deberá pasar aún el trámite de aprobación en la Comisión Territorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Gobierno de Canarias.

El debate de la tarifa del agua generó enfrentamientos dialécticos, agrios y crispados a ratos, entre el alcalde y los portavoces de VxP y PSC, con constantes alusiones a mandatos pasados y culpas ajenas, como viene siendo habitual en el salón de sesiones del Ayuntamiento portuense.

otros asuntos

No a reducir áreas y sueldos

CC y PP votaron en contra de la propuesta de VxP de reducir a cinco las áreas de gobierno municipal y a cuatro los ediles liberados, así como rebajar un 20% los salarios de los concejales. VxP intentó, de nuevo sin éxito, "que este gobierno demuestre que, aparte de pedir a los demás, está dispuesto a dar algo de su parte. La situación económica municipal se agrava, se suben impuestos y tasas a los vecinos, pero el gobierno no reduce su coste total ni sus salarios"

Hospital del Norte

En la sesión, que duró más de cuatro horas, se aprobaron por unanimidad acuerdos como el rescate de unos 58.000 euros que estaban destinados inicialmente a un convenio con el Cabildo, la solicitud de que el Hospital del Norte se ponga en servicio "lo antes posible" y varias peticiones de mejora de la carretera del Este, dependiente del Cabildo, incluyendo el estudio del acceso en sentido descendente desde La Paz. Se retiraron para su estudio una propuesta de IUC sobre el Catálogo de Patrimonio Histórico y otra de VxP para la creación de una bolsa de arrendamiento de terrenos agrícolas. Con el voto favorable solo de CC y PP se ratificaron los acuerdos alcanzados con la Seguridad Social sobre el pago de la deuda propia y de la derivada de Ródano.

Adiós a la tarifa urbana de taxis

El pleno también aprobó eliminar la tarifa urbana de taxis, la número uno, y sustituirla por la tarifa interurbana, la número tres, con el objetivo de simplificar el sistema de precios y evitar abusos. A partir de la entrada en vigor de esta medida, consensuada en la Mesa del Transporte, sólo se aplicarán la interurbana y la de ida y vuelta.