El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ayer que el expresidente del Gobierno de Canarias y expresidente del Centro Canario Nacionalista (CCN), Lorenzo Olarte, declaró este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas por un supuesto delito de tráfico de influencias.
Según los datos que trascendieron ayer en un medio de comunicación de la provincia de Las Palmas, Olarte utilizó, supuestamente, sus influencias políticas en varias instituciones canarias y con dirigentes de Coalición Canaria (CC), PSOE y PP para obtener contratos públicos.
Olarte declaró ante el juez Luis Galván, quien ayer no quiso hacer declaraciones al respecto, por unos hechos que se destaparon a raíz de una investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife en el marco de la operación conocida como "Hubara", sobre una presunta trama de financiación ilegal del CCN.
En esa operación, y en función de los indicios de la comisión de un presunto delito por parte del expresidente, llevaron a la fiscal delegada de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, a solicitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña, María de Lorenzo Cáceres, que investigase a Olarte en el marco de la "operación Hubara".
La petición de Farnés solicitaba a la Justicia que investigase si Olarte incurrió en un fraude de subvenciones al usar ayudas públicas para fines "particulares".
Ayer, el portavoz del Centro Canario-CCN, Benito Codina, restó importancia a la declaración de Olarte y dijo que "no afecta al partido", pues forma parte del terreno "particular". Además, Codina reiteró que la "imputación" es una figura legal que lo que permite es dar seguridad a aquella persona a la que se le va a tomar declaración.