SE NOS ACUSA de insultar a varias personalidades -lo de personalidades es un decir- políticas y no políticas, cuando lo único que hemos hecho es informar y criticar. No negamos que estamos inquietos. Lo que se avecina en las próximas horas, y que no comentamos ahora porque faltan algunos detalles que todavía desconocemos, es de una gravedad máxima porque nos indica claramente que no estamos en una democracia; en un sistema político sustentado en la libertad, inclusive la libertad de crítica política. A lo que parece, estamos inmersos en una dictadura al mejor estilo rumano. Un régimen impuesto por una pareja que se cree dueña de Canarias porque él, un déspota político llamado Paulino Rivero -alguien que por su capacidad para ejercer un cargo público nunca debió pasar de alcalde de su pueblo-, gobierna con trampa -no ganó las elecciones- y también con torpeza, dirigido muy de cerca por un ave exótica llamada doña Ángela Mena; una señora foránea que se ha creído que tiene la misma capacidad de censura sobre la prensa que antiguamente, durante la dictadura franquista y los primeros años de la transición, ejercían las delegaciones provinciales del Ministerio de Información y Turismo. Dios nuestro: pensábamos que ya estaba superada aquella época en la que con frecuencia los periodistas, directores y editores de periódicos eran llamados al Gobierno Civil para ser amenazados con sanciones y hasta con la cárcel si atacaban al régimen. Pero de esto, como decimos, hablaremos ampliamente el lunes, cuando probablemente estén consumados unos hechos gravísimos que hoy, por prudencia, únicamente hemos querido apuntar.

No hemos insultado pero sí hemos sido insultados. El editor y algunos articulistas de EL DÍA han sido injuriados y calumniados gravemente, pese a lo cual nuestras correspondientes demandas duermen el sueño de los justos en los archivos judiciales. O no han sido admitidas a trámite, o si han dado lugar a un proceso, éste ha sido absolutorio para los demandados. Una situación completamente distinta es la que sufrimos nosotros cuando nos demandan, pues en ese caso sabemos de antemano que la sentencia nos condenará. La última vez que lo fuimos la sentencia se redactó en menos de veinticuatro horas; algo insólito si tenemos en cuenta que la Justicia española, y también la que se aplica en Canarias mientras estas Islas sean, vilmente, una colonia de España, se caracteriza por su lentitud.

Tenemos muchas quejas sobre la Justicia en el Archipiélago. Por ejemplo, clama al cielo lo que ha sucedido con el proyecto de la playa de Las Teresitas. Un caso que ha llevado una juez perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya sede está en Las Palmas. Tras casi seis años de investigaciones que no han conducido a nada pese a ser costosísimas para el bolsillo de los contribuyentes, la juez no ha tenido más remedio que exonerar de la acusación de cohecho a todos los imputados porque no ha podido encontrar nada delictivo en la actuación de ninguno. Quedan otras imputaciones por otros delitos, entre ellos el de prevaricación, que los expertos consultados por EL DÍA consideran igualmente muy difíciles de probar, en el supuesto de que alguna vez hayan existido. Esperamos, por una simple cuestión de orgullo judicial, que algunos de tales delitos puedan finalmente sustantivarse en una causa penal, porque de no ser así tanto la juez instructora como la fiscal quedarían muy mal ante la opinión pública, por más que hayan obrado conforme a la ley. Algo, esto último, que a nuestro entender debería ser investigado de oficio.

Es el pueblo de Santa Cruz y de toda la isla de Tenerife el primer y último perjudicado por este disparate, ya que a día de hoy los santacruceros siguen sin su playa, mientras que los señores canariones "grancanarios" disfrutan de dos -aunque peligrosas- en su ciudad siempre bajo la triste panza de burro. Eso es lo que han conseguido unos y otros. Lo mismo podemos decir del puerto de Granadilla, cuyas obras, a duras penas iniciadas, siguen renqueando de denuncia en denuncia cuando ya deberían estar concluidas. Sin embargo, ni una palabra de oposición a cuantas infraestructuras se emprenden en la tercera isla.

Desde los editoriales y comentarios de EL DÍA hemos denunciado repetidamente estos abusos, amén del gran abuso histórico, humano, geográfico, económico y de todo tipo que supone para los canarios seguir siendo una vil colonia de España. Una acción a la que nos obliga el compromiso de veracidad y defensa de estas Islas adquirido con nuestros lectores y aun con todo el pueblo canario, pero que nos ha convertido en reos de la Justicia. Lo dicho: el lunes hablaremos con más claridad.