Los robos de cobre a empresas y administraciones, así como en espacios públicos, ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. Y el principal motivo de ese fenómeno está en que el valor de cada kilo de cobre está cifrado en unos siete euros actualmente. En el Archipiélago, una de las sociedades más afectadas por la oleada ha sido Endesa.

La compañía eléctrica ha sufrido en toda Canarias más de cien sustracciones de cable de cobre en tendidos y centros de transformación en lo que va de año. Fuentes autorizadas de la citada multinacional señalan que el valor del material robado en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria asciende a 800.000 euros durante 2011.

La isla donde mayor número de delitos contra el patrimonio de la citada compañía se ha producido es, con gran diferencia, Tenerife.

De las 103 denuncias presentadas por los representantes de la empresa en toda Canarias, unas 57 corresponden a las formuladas en puestos de la Guardia Civil o comisarías de la Policía Nacional en Tenerife. Y, dentro del citado territorio insular, la comarca más afectada por la proliferación de robos de cobre es el sur de la Isla, según las fuentes.

En segundo lugar de esta preocupante estadística durante el presente año se sitúa Gran Canaria, con unas 30 sustracciones de cable de cobre.

La tercera isla con más denuncias es Lanzarote, con 13 casos, mientras que en Fuerteventura hay constancia de otros tres.

El fenómeno ha experimentado una evolución espectacular desde el inicio de la actual crisis económica.

Durante el ejercicio 2007, desde enero a diciembre, en todo el Archipiélago fueron detectados nueve casos de sustracciones de cobre, por un valor de 65.000 euros.

El año siguiente, 2008, los representantes de Endesa interpusieron unas 16 denuncias en las dos provincias canarias. El valor de los robos llegó entonces a los 400.000 euros, según las mismas fuentes.

En cuanto al ejercicio 2009, cabe destacar que se rompió la tendencia ascendente en esos delitos, pues sólo hubo cuatro casos, aunque reponer los daños causados ascendió a 52.000 euros.

No obstante, fue el año pasado cuando se registró un incremento considerable en las sustracciones, que llegaron a 36, por un montante económico cifrado en 142.000 euros.

Para intentar luchar contra este tipo de delincuencia, la legislación obliga a que las empresas recuperadoras de metales, también conocidas como chatarrerías, lleven un registro exhaustivo de las operaciones de compraventa de su mercancía.

En esa documentación, similar a la que poseen las joyerías o tiendas de oro, debe figurar el nombre, el documento nacional de identidad y las características del cobre que han adquirido en las últimas semanas.