La creación del Cuerpo General de la Policía Canaria se planteó en un contexto económico caracterizado por la "suficiencia" presupuestaria, en función del éxito del despliegue alcanzado en esta materia por Cataluña y el País Vasco. Después de muchos años de polémicas y debates sobre si era necesario o no, así como de la elevada inversión que conllevaría el proyecto, la puesta en marcha definitiva y la salida a la calle de los primeros 100 agentes uniformados de gris y rojo tuvo lugar a mediados de 2010, con la crisis económica muy avanzada e incidiendo en los ingresos de la administración regional. Con el panorama actual, parece evidente que en el Ejecutivo autónomo existen otras prioridades que reclaman la atención de sus autoridades, ya que el crecimiento de la plantilla para asumir con mayor eficacia las competencias e iniciativas previstas puede esperar.

Tras la conformación del nuevo gobierno regional, el área de Seguridad fue asignada a uno de los hombres de máxima confianza de Paulino Rivero, Javier González Ortiz.

Fuentes de la plantilla de la Policía Autonómica señalan que, medio año después de asumir sus cargos, ni González Ortiz ni el director general de Seguridad y Emergencias, Juan Manuel Santana, se han reunido con los agentes para conocer sus demandas o inquietudes o explicar las directrices que se van a seguir en el desarrollo del Cuerpo General para los próximos años, según fuentes sindicales. Y esa situación genera decepción en parte de los funcionarios. Aunque cabe recordar que el consejero González Ortiz ha tenido la responsabilidad de elaborar los presupuestos para el próximo año, mientras que el director general de Seguridad y Emergencias lleva varios meses centrado en atender la erupción volcánica submarina de El Hierro y sus "efectos colaterales" para la población.

El pasado viernes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) divulgó una nota en la que respaldaba la labor del subcomisario Blas Hernández, que ha solicitado dejar la Policía Autonómica y regresar a la Policía Local de Santa Cruz, a la vez que criticaba la labor del comisario jefe regional, Ignacio Badenas.

En relación a Badenas, que procede del Cuerpo Nacional de Policía, el CSIF lo acusaba de "ningunear" a sus propios subordinados ante otras fuerzas de seguridad.

Según una fuente consultada por EL DÍA, una situación muy similar pudo ocurrir en la culminación de la operación Mechas para detener a un traficante de droga al menudeo en El Toscal. Los agentes de la Policía Autonómica realizaron la investigación durante casi dos meses para certificar la actividad del acusado. Pero, como el Cuerpo General de la Policía Canaria aún carece de unidad de Policía Judicial, se pidió que un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, al menos, los acompañara en el registro de la casa del sospechoso. Los policías nacionales rechazaron tal solicitud y hubo varias llamadas telefónicas. Y, supuestamente, por orden de algún mando de la Policía Canaria se invitó a los policías autonómicos a replegarse, para que el registro y la detención los hiciera la Policía Nacional. Según la misma fuente, este tipo de circunstancias tampoco ayudan a motivar a la plantilla.

Algunos agentes que entraron en la Policía Autonómica procedentes de diversos cuerpos municipales eran conscientes de que, en principio, iban a ingresar menos dinero en su nuevo destino, aunque esperaban que, con los prometidos aumentos de plantilla, algunos ascenderían a mandos y podrían tener salarios más elevados. Pero, en la coyuntura económica actual, esa "ecuación" no resulta muy viable. Uno de los recursos formativos fundamentales del Cuerpo General de la Policía Canaria es la Academia Canaria de Seguridad, cuya sede está en Añaza. Fuentes de las policías locales de Tenerife señalan que la actividad en dicho centro lleva paralizada hace casi un año. Y si en algo se ponen de acuerdo las dos asociaciones de jefes de cuerpos municipales es en que los contenidos del programa formativo de la Academia deben reorientarse para ser más efectivos en el futuro.