El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió ayer a las comunidades autónomas que "no paralicen" el despliegue de la Ley de Dependencia y denunció la "falta de voluntad" por parte de estas.

"Las necesidades sociales no cubiertas de personas con discapacidad y mayores están ahí y es necesario darles respuesta inmediata", subraya esta plataforma en una nota de prensa.

Para Cermi, la "paralización" de la Ley, en su cuarto año de despliegue, "no es fortuita, sino que tiene su causa en una falta de voluntad política de desarrollar el sistema para la autonomía y atención a la dependencia".

Según esta organización, "son aún miles las personas que, teniendo reconocida la situación de dependencia y asignada una prestación económica por ese motivo, no la reciben efectivamente por inacción de las Administraciones territoriales".

Además, y según denuncian, "otras miles más esperan a ser valoradas o a que llegue la fecha en que tendrán derecho a beneficiarse de la Ley".

"El derecho a la promoción de la autonomía personal y a recibir consecuentemente prestaciones está garantizado por ley y no puede quedar al arbitrio de las administraciones, en función de su mayor o menor compromiso con esta realidad social o de su situación financiera", remacha Cermi.

312.244 incumplimientos

Según datos dados a conocer esta semana por el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, uno de cada tres dependientes, es decir, 312.244 personas, tiene derecho a cobrar una prestación por dependencia pero no la cobra.

Esta proporción, según Ramírez, se agrava en el caso de regiones como Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana.

Actualmente, el sistema de dependencia cuenta con 741.713 beneficiarios, personas y familias que reciben prestaciones y servicios por derecho reconocido tras la aprobación de la Ley.

Sin embargo, según las mismas fuentes, en este último año el promedio mensual de beneficiarios ha sido de 6.649, tres veces menos que en años anteriores.

El hecho de que el despliegue de la Ley dependa en gran parte de las comunidades ha sido uno de los principales puntos flacos de la ley, una de las más ambiciosas aprobadas por el Gobierno de Zapatero en su primera legislatura.