¿HAY alguien que quiere cerrar este periódico? Parece que sí. Antes, al final del franquismo y en los primeros años de la transición a la democracia, se hablaba de poderes fácticos. ¿Qué calificativo podemos asignarle a quienes, sin dar nunca la cara, maquinan desde el hedor de las cloacas para que EL DÍA no siga luchando a favor de la libertad de un pueblo? Nosotros siempre actuamos de frente y ese es el trato que pedimos: que nos rebatan, que nos ataquen si eso es lo que desean, pero sin caretas y sin olvidar los cientos de miles de lectores que nos respaldan cada día. Muchísimos más que los otros medios escritos, tanto de Tenerife como de la tercera isla. Pero vayamos por partes.

Sabíamos que ayer iba a producirse un espectáculo circense en las inmediaciones de un tribunal de Justicia ubicado en Las Palmas; esa ciudad tan bonita -y de cielos tan limpios- a la que algunos llaman la capitá y que aspira, pues para algo es grande de toda grandeza, a convertirse en la capital única de este Archipiélago con el concurso entusiasta, además de bobalicón y hasta necio, de los políticos tinerfeños. Lo que no entraba en nuestras cábalas era que de forma simultánea tuviese lugar otra escena igual de bufa en Tenerife. Una escena, por lo demás, que solo podía tener cabida en un antro político como es el Parlamento de Canarias. En Las Palmas estaban las fieras rastreras de la hez del periodismo -forma parte de la naturaleza de los reptiles arrastrarse siempre- esperando a José Rodríguez por fuera del juzgado. Como el editor de EL DÍA no pudo comparecer por motivos de salud, justificados con el preceptivo certificado médico, se acabó el espectáculo callejero. El otro, el preparado en la sala de juicios, dio comienzo a las diez de la mañana pues ni el juez, ni la fiscal, estimaron oportunas las alegaciones presentadas por el letrado del editor de este periódico para fundamentar su ausencia.

El juicio, como decimos, se celebró. Cuando el juez dicte sentencia la acataremos. Y si no estamos conformes con ella, ejerceremos el derecho legal de recurrirla hasta donde judicialmente podamos llegar. Quedamos, por lo tanto, a la espera de la decisión del magistrado. Por ahí, poco o nada que añadir; al menos de momento. Sin embargo, durante la celebración de ese juicio un individuo, condenado en otras ocasiones por calumnias e intromisión ilegítima en el derecho al honor de varias personas, calificó a José Rodríguez de xenófobo y racista. El propio magistrado lo mandó a callar y a la vez le pidió que se abstuviese de realizar juicios de valor.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico español, que afecta a Canarias mientras estas Islas sigan colonizadas por España, la xenofobia y el racismo constituyen delitos recogidos en el Código Penal. También determinan dichas leyes españolas que acusar a alguien de un delito sin pruebas constituye a su vez un delito de calumnias. Algo que no le debe ser ajeno a este individuo, al que jamás hemos citado por su nombre, pues, como decimos, ya ha sido condenado por este motivo en el pasado. Esperemos que esta vez la Justicia nos dé la razón cuando presentemos contra él la demanda que ya preparan nuestros letrados, considerando que tales acusaciones, gravísimas e injustificadas, se han producido en sede judicial, ante un juez y una fiscal y, además, han quedado grabadas en el sistema de registro audiovisual de las vistas orales.

El segundo espectáculo, aun más deplorable que el primero, se produjo, como adelantábamos al principio, en el Parlamento de Canarias. A preguntas de un Barragán, el necio, torpe, inepto, déspota y payaso político que tenemos como presidente regional ha acusado a José Rodríguez de intentar chantajearlo para que amañara el concurso de concesión de las radios. Un concurso, como bien saben nuestros lectores, en el que fuimos claramente perjudicados. No se nos otorgó la frecuencia que pedíamos -naturalmente sin ningún tipo de chantaje, pese a los desvaríos de una mente posiblemente recalentada por el clima de México-, al igual que se hizo con otras empresas arraigadas en Canarias y que empleaban a personal canario. En cambio, sí se favoreció a mercantiles cuyos propietarios están en las proximidades políticas del déspota Rivero, así como a otras empresas foráneas. ¿Quién amañó el concurso? ¿EL DÍA y su editor como perjudicados -hemos tenido que cerrar la emisora y despedir a una veintena de personas- o quien concedió unas frecuencias mediante un procedimiento que en estos momentos está siendo investigado por los tribunales?

Paulino Rivero ha perdido los papeles. Y no nos referimos solo a los papeles mexicanos, de los que se seguirá hablando, mal que le pese a este necio político y a la caudilla, y ave rapaz, de su esposa, sino a los papeles del comportamiento digno y del saber estar. Cunde la alarma entre quienes tratan a diario a este fracasado político, que además es un falso nacionalista, por su obsesión con EL DÍA y José Rodríguez. Se levanta demacrado y se acuesta todavía más cadavérico. Pero no por el hambre de Canarias, por los casi 300.000 isleños que carecen de trabajo, por las listas de espera en las que se muere la gente antes de recibir atención sanitaria adecuada ni por los jóvenes que tienen que volver a emigrar porque con la miseria creada por este inepto y la caterva de políticos tan torpes como él que lo rodean, no hay futuro posible en esta tierra antes afortunada. No es eso, insistimos, lo que le preocupa. Lo que no lo deja dormir es que informemos de sus andanzas y de sus torpezas. No quiere que le digamos que el mejor servicio que le puede prestar a Canarias es dimitir de inmediato y exiliarse.

Babeando rabia porque José Rodríguez no se dejó embaucar con la mentira de las aguas canarias, cruzó ayer este déspota político la línea del delito al acusar de chantaje al editor de EL DÍA. En eso hasta parece que se puso de acuerdo con el individuo de Las Palmas al que sí le regaló una emisora y que, casi a la misma hora y en un juzgado en vez de en el Parlamento, calificó a José Rodríguez de xenófobo y racista. Nuestra denuncia contra Paulino Rivero también será implacable.

Tal vez alguien nos considere masoquistas, pero seguimos confiando en la Justicia. Apelaremos las sentencias que no nos sean favorables porque estamos en nuestro derecho al hacerlo. Nada menos que 150.000 euros nos pide el no mencionado individuo de Las Palmas por habernos, según dice, entrometido en su honor. La fiscal solicita 100.000 euros por el mismo motivo, además de otros 10.000 euros por artículos de nuestros columnistas Andrés Chaves y Ricardo Peytaví. Qué fácil corre el dinero en tiempos de crisis. Presume el demandante de que con esa cantidad terminará de pagar la hipoteca de la casa en la que convive con una de las testigos que ayer presentó en el juicio; una jueza de Las Palmas que en su momento fue denunciada por José Rodríguez ante el Consejo General del Poder Judicial por calificarlo de delincuente públicamente, con publicidad, sin vestir la toga y fuera de un juzgado. ¿Es esta la Justicia que tenemos? ¿Se nos puede pedir semejantes sumas de dinero por hablar de un chulón, capicúa y mariconsón sin citar a nadie por su nombre? Como bien expresó ayer nuestro letrado en ese juicio, chulón quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española, desnudo. ¿Es esto un insulto merecedor de ser sancionado con más de 100.000 euros? Capicúa significa un número que se puede leer en ambos sentidos sin que varíe la cantidad que expresa. ¿Es esto un insulto? Y mariconsón es una expresión cómica derivada de lo que le respondió Fidel Castro a un periodista que, en conversación telefónica, se hizo pasar por un político amigo suyo.

En definitiva, si tanto el necio político que nos gobierna como una fiscal que debe obediencia a sus superiores quieren cerrar EL DÍA porque no les gusta su línea independentista, mejor será que busquen otros argumentos. Estos, ni nos valen a nosotros, ni, dicho con todo el respeto que nos merecen los tribunales, les van a servir a nuestros enemigos en instancias superiores, a las que si es preciso recurriremos cuantas veces haga falta.

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Hoy recomendamos la lectura de los artículos "Pancho Villa sigue vivo", de nuestro colaborador Ricardo Peytaví, y "Joker y Cepillín", de nuestro también colaborador Andrés Chaves sobre este deplorable asunto del lamentable Parlamento de Canarias, una institución de respeto a la que están descalificando algunos de sus miembros.