El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, declaró ayer el estado de calamidad nacional a raíz de las riadas que han causado cerca de un millar de muertos y dejado una estela de destrucción al sur del país. Esta declaración permite al Gobierno aumentar la ayuda económica para las zonas afectadas y crear un fondo especial de 20,4 millones de euros destinado a la asistencia de unos 338.415 damnificados.
Al menos 957 personas han muerto, un número que las autoridades no descartan que aumente dado que los equipos de rescate continúan buscando personas desaparecidas en los ríos y bajo los escombros. "La máxima prioridad es realojar a los supervivientes en zonas que no presenten peligro y el Gobierno les ayudará", aseguró Aquino, quien abroncó a las autoridades locales al comprobar que cientos de damnificados han montado poblados en áreas de riesgo.
En las dos ciudades más afectadas, cientos de cadáveres siguen sin ser identificados, aunque ambas han aplazado sus planes de enterrarlos en fosas comunes por desavenencias legales con el Gobierno central.