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COMENTARIO DE EL DÍA

Otra sentencia injusta, asombrosa y desproporcionada

El honor de un periodista de Las Palmas vale 23 veces más que el de Felipe de Borbón
22/dic/11 1:41 AM
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Ahora sabemos, pues nos lo ha hecho saber una sentencia que pretende escarmentarnos con contundencia aunque en realidad solo ha conseguido asombrarnos, lo que cuesta sacar a alguien del armario: 69.803 euros y 83 céntimos de euro. Esa es la obligada indemnización que le acaba de caer al editor y director de EL DÍA, conjuntamente con la empresa editora de este periódico, por hablar de un individuo refiriéndonos a él con tres palabras: una que significa, según el diccionario de la Real Academia Española, "desnudo", otra que designa a los números que pueden leerse indistintamente de izquierda a derecha o al revés y la tercera, la única que podría ser polémica -aunque no lo es porque siempre la hemos usado en forma eufemística- utilizada generalmente en clave de humor al haberla proferido un líder político de fama mundial durante una broma telefónica que le gastó un periodista; palabra, para mayor abundamiento de nuestras razones, que no figura en el diccionario oficial. Es decir, no puede tener una connotación peyorativa bajo ningún concepto. Ni insultante, ni ninguna.

Casi 70.000 euros es mucho dinero incluso para una empresa que evade tanto capital al extranjero. Una acusación absurda -ojalá tuviésemos ese dinero, volvemos a repetirlo- que nos ha estado haciendo nuestro demandante durante varios días en el digital que dirige. Parece que a partir de ahora ni siquiera podremos comprar en un país de la UE el papel en el que imprimimos nuestro periódico. Increíble pero cierto. Recurriremos esta sentencia y ya veremos en qué queda todo cuando llegue al Tribunal Supremo. De momento nos acogemos a un texto legal citado por el magistrado al argumentar el fallo de la sentencia que nos condena. Concretamente al artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, según el cual "Tendrán consideración de intromisiones ilegítimas... expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación". ¿Supone un menoscabo a la fama de José Rodríguez o un atentado contra su propia estimación ridiculizarlo repetidamente con un diminutivo hiriente, por no citar algunos nombretes como "faro del tinerfeñismo más rancio", "caudillo de Buenos Aires", "dicharachero de Barrio Sésamo", "tiparraco", "tarugo", "bufón de la decadente corte de Nivaria", etcétera, calificativos todos ellos dichos con el ánimo explícito de humillarlo? Salvo, naturalmente, en el supuesto de que José Rodríguez sea sujeto de insulto sin capacidad de defenderse por el hecho de que propugna la libertad de los canarios; es decir, la independencia de Canarias. Algo que lógicamente no puede ser del agrado de ningún peninsular que viva en estas Islas, tanto si lo hace en calidad de juez como de simple ciudadano. Una razón añadida para que no nos sirva la Justicia española que se imparte en estas Islas, vilmente colonizadas desde hace demasiado tiempo.

Pero no acaban aquí los agravios. ¿Es lícito que en el juicio en el que se nos ha condenado intervenga como testigo una magistrada que ha sido denunciada por José Rodríguez al haberlo calificado de delincuente, en un medio de comunicación y sin vestir la toga, y también por haberlo condenado, en un pleito en el que se debió inhibir como jueza precisamente por la circunstancia de que previamente había sido denunciada por el editor de EL DÍA? ¿Puede ser imparcial el testimonio de una testigo en estas condiciones, sea o no sea magistrada? ¿Dónde está la imparcialidad de la Justicia en la que siempre hemos creído y seguimos creyendo?

En definitiva, EL DÍA ha sido condenado de una forma a la vez esperada e inesperada. No vamos a entrar en los motivos sino en la cuantía de la condena a pagar: nada menos, lo repetimos, que 69.803,83 euros por decir nimiedades de un señor que incansablemente está agraviando y ridiculizando a esta casa y a José Rodríguez, amparado por esa jueza a la que en su momento, como acabamos de decir, denunciamos.

Cabe recordar que en su día la revista satírica "El jueves", de forma concreta sus humoristas Guillermo Torres y Manuel Fontdevila, fueron condenados judicialmente a una multa de 3.000 euros por injurias a la Corona, al publicar una viñeta en la que se veía a los Príncipes de Asturias fornicando de manera obscena. Viñeta en la que tanto el heredero de la Corona como su esposa estaban perfectamente identificados. A José Rodríguez lo ha condenado un juez, nos dicen que miembro de Jueces por la Democracia, a 69.803,83 euros sin haber citado nominalmente a nadie. Dicho de otra forma, la dignidad de nuestro demandante vale 23 veces más que la del futuro jefe del Estado español. No el doble, ni el cuádruple, ni diez veces más, sino 23 veces más. ¿Qué diferencia a este señor del resto de los canarios y de los españoles, incluido Sus Altezas Reales el príncipe Felipe y la princesa Letizia? ¿Tal vez el hecho de que convive con una jueza, compañera profesional del juez que ha juzgado el caso? Nos gustaría que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el Consejo General del Poder Judicial nos lo aclaren. Entre otras cosas porque sabemos que mientras no se nombre a nadie, no hay delito.

Reiteramos que apelaremos la sentencia como es nuestra costumbre en estos casos. Lo haremos y también hacemos referencia, en estos momentos, a nuestro editorial de ayer titulado "Jueces en pleno uso de sus facultades", en el que recogimos un artículo publicado años atrás por Teobaldo Pérez Arnay en Jornada Deportiva. A la luz de lo expresado en su artículo, consideramos necesario que se examinen ciertas sentencias desde el ámbito jurídico, el de procedimiento, el físico y el psiquiátrico. Si los pilotos de aviación y hasta los conductores de Titsa son sometidos a este tipo de exámenes, ¿por qué no han de hacerlo igualmente los jueces? Decimos esto también porque ciertas sentencias están confirmando que una parte de la Justicia se está comportando en Canarias como la Santa Inquisición.

Esto es deprimente y amenazador; es para que tanto las personas como las empresas abandonen Canarias para siempre, porque está clarísimo que no nos dejan vivir en nuestra propia tierra. A tanto llega la tortura que nos impone el colonialismo.

Manifestábamos hace unos días y acabamos de repetir hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debería tomar parte activa en ciertas sentencias. Reiteramos también que los ciudadanos no pueden estar al albur y al capricho de unos pocos jueces porque, también insistimos en esto, el comportamiento de la judicatura en su conjunto es correcto y decente.

Como informamos en nuestra edición de hoy, hemos presentado una denuncia contra el presidente del Gobierno de Canarias; contra el necio, torpe y déspota político que nos gobierna y nos conduce a la ruina. Esperamos, porque seguimos confiando en la Justicia, que los tribunales sean tan rigurosos con quienes nos agreden como lo son, a nuestro entender injustamente, con nosotros ante las denuncias que nos presentan, la mayoría de ellas fruto de la envidia y el rencor por nuestro éxito editorial y por nuestra comprometida defensa de la libertad para Canarias.

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