Varios relatores de la ONU para Derechos Humanos unieron hoy sus voces para denunciar la detención en un lugar secreto del abogado chino Gao Zhisheng, un defensor de las libertades que pasó los últimos cinco años en detención domiciliaria y ahora está en paradero desconocido.
El activista de derechos humanos pasó sus últimos veinte meses de detención en un lugar secreto y en los últimos días, cuando estaba a punto de cumplir con su pena, las autoridades judiciales chinas anunciaron su decisión de condenarle a tres años adicionales de prisión efectiva.
"Es alarmante que el señor Gao siga arbitrariamente detenido. Su detención en los últimos años ha resultado en numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho fundamental a un juicio justo. Pido a las autoridades que le liberen", declaró hoy el vicepresidente del grupo de trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, El Hadji Malick Sow.
Para justificar su detención en 2006, el abogado fue acusado de subversión, un delito que nunca fue probado en una corte. Un año antes, las autoridades revocaron la licencia de funcionamiento de su estudio, que tuvo que cerrar, después de que se hicieran desde allí llamamientos al gobierno para poner fin a los abusos contra grupos religiosos.
"Bajo ninguna circunstancia el señor Gao debe ser víctima de ataques, incluyendo la detención arbitraria, que tiene el objetivo de impedirle que ejerza su legítimo derecho a la libertad de expresión como un abogado especializado en causas de derechos humanos", dijo por su parte Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión.
Varias instancias de la ONU, organizaciones independientes y la familia del abogado desde China han expresado inquietud por la salud de esta personalidad.
La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, manifestó preocupación porque las medidas oficiales en este caso sirvan en adelante para criminalizar las actividades legítimas de aquellos que trabajan en la esfera de los derechos humanos.
Para Jeremy Sarkin, presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, el caso de Gao es una desaparición forzada y "un crimen en el derecho internacional".