El Tribunal Supremo de Israel ha avalado la explotación de una decena de canteras por empresas de propiedad israelí en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, informan hoy medios locales.

La decisión, difundida ayer, permite que las diez canteras continúen con sus operaciones en Cisjordania, pero no que se creen más explotaciones, en consonancia con la posición oficial.

En respuesta a una petición presentada en 2009 por la organización no gubernamental israelí (ONG) "Yesh din" (Hay justicia, en hebreo), el Supremo acepta la posición del Estado de que Israel no vulnera en este caso la Cuarta Convención de La Haya porque la actividad de las canteras es "limitada" y, por tanto, no expolia el "capital" de la población bajo ocupación.

También argumenta que el apartado económico de los Acuerdos de Oslo permite su funcionamiento hasta que las partes firmen un tratado de paz definitivo, que las canteras dan trabajo a bastantes palestinos y que Cisjordania lleva cuatro décadas bajo ocupación por lo que no puede mantenerse en punto muerto su desarrollo económico a la espera de que acabe la actual situación.

La ONG, que recibió la sentencia con "sorpresa", defiende que la explotación israelí de las canteras vulnera el derecho internacional y que la fuerza ocupante no puede utilizar los recursos naturales del territorio para su propio beneficio, sino sólo en favor de la población del lugar o para uso militar.

Las canteras en Cisjordania venden a Israel el 75 % de su extracción, que supone un cuarto del consumo total del país de estas materias primas.

En un comunicado, el abogado de "Yesh Din" en el caso, Mijael Sfard, acusó al tribunal de "tratar de quedar a caballo" entre dos enfoques: "la evidente preocupación por estar cometiendo pillaje y vulnerando la prohibición de explotar los recursos naturales de un territorio ocupado" y "la dificultad de romper la delictiva dependencia de Israel de los territorios que ocupa".

"El Supremo ya ha posibilitado con sus sentencias la empresa colonizadora y la barrera de separación que cruza pueblos palestinos. Ahora está permitiendo el robo continuado de las canteras palestinas para la economía israelí", señaló el director general de la organización, Haim Erlich.

La ONG obtuvo, al menos, dos victorias en el camino.

A raíz de la petición, el Estado se comprometió a no abrir nuevas canteras y a destinar a la Administración Civil los 30 millones de shekels (poco más de seis millones de euros o casi ocho millones de dólares) que las empresas abonan cada año al Estado en concepto de derechos de minas.

La Administración Civil, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles relativos a Gaza y Cisjordania, tiene que emplear este dinero para financiar proyectos que beneficien a la población palestina.