El Gobierno aprobará mañana un primer ajuste presupuestario que previsiblemente incluirá la prórroga de los presupuestos y con ello la congelación del salario de los funcionarios, así como la actualización de las pensiones, que subirán a partir del 1 de enero.

El Consejo de Ministros dará luz verde a un decreto ley de medidas económicas urgentes, así como a un acuerdo de no disponibilidad de crédito, que limitará los gastos en los que pueden incurrir los diferentes ministerios durante el primer trimestre a la espera de que se elabore el proyecto de presupuestos para el año próximo.

Quedan excluidas del recorte todas las pensiones, que serán actualizadas en 2012, después de un año en el que las contributivas han estado congeladas.

Frente a la subida para los pensionistas, los funcionarios previsiblemente se quedarán con el mismo sueldo, tras la rebaja de 2010 y la congelación de 2011, ya que una subida está descartada y una nueva bajada parece menos probable a tenor de lo expresado por Rajoy en las últimas semanas.

En consonancia con lo que establecerá para el sector público, el Gobierno congelará en 641,4 euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que supone el suelo retributivo para el sector privado.

Asimismo, se aprobará la oferta pública de empleo para 2012 en la que se reducirá a cero la tasa de reposición de personal en el sector público, salvo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en los servicios básicos.

Todas estas medidas constituirán un primer ajuste parcial, ya que el grueso del recorte que permita a España cumplir con el objetivo de déficit comprometido para 2012 (4,4 % del PIB) vendrá establecido en los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo planea presentar antes del 31 de marzo.

El Consejo de Ministros aprobará también los nombramientos de un segundo grupo de altos cargos, entre los que figuran al menos seis secretarios de Estado, y propondrá que el nuevo fiscal general del Estado sea Eduardo Torres-Dulce.

El magistrado Fernando Román García será el nuevo secretario de Estado de Justicia; Víctor Calvo-Sotelo, hijo del fallecido presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, de Telecomunicaciones, y el juez Ignacio Ulloa Rubio, actualmente letrado del Tribunal Constitucional (TC), de Seguridad.

También están confirmados los nombramientos de otros cuatro secretarios de Estado: Engracia Hidalgo (Empleo); Juan Manuel Moreno (Servicios Sociales e Igualdad); Federico Ramos (Medio Ambiente) y Tomás Burgos (Seguridad Social).

En este segundo Consejo de Ministros se acordarán otros nombramientos relevantes, como los de los directores generales de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que ya lo fue en los ocho años de gobierno de José María Aznar, y del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa.

En cuanto a los subsecretarios, ya están decididas las designaciones de Juan Bravo (Justicia); Jaime Haddad (Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y Pedro Llorente Cachorro (Empleo).

Haddad y Llorente son dos de los ocho altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre que pasan a formar parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En la reunión, se aprobará también la supresión del mando único de la Policía y de la Guardia Civil y nombrará a Ignacio Cosidó como nuevo director general de la Policía, y a Arsenio Fernández de Mesa, como nuevo director general de la Guardia Civil.