El expediente de regulación de empleo (ERE) de la Mancomunidad del Norte de Tenerife permitirá que 16 de los 21 trabajadores afectados conserven un empleo: 15 en la nueva Fundación Funcanorte, creada por los ayuntamientos de Los Realejos e Icod para gestionar la escuela de música, y uno en la propia mancomunidad hasta que se complete su liquidación.

La negociación del ERE, gestionado por el presidente de la entidad supramunicipal y alcalde realejero, Manuel Domínguez (PP), ha permitido que los doce profesores de la escuela de música sigan en sus puestos, aunque en otra entidad. En Funcanorte trabajarán también dos administrativos de la mancomunidad y una docente que terminaba contrato.

Tras la negociación del ERE, cinco trabajadores de la Mancomunidad perderán su puesto de trabajo: dos que terminaban contrato y tres que serán indemnizados con 45 días por año trabajado, a cobrar en tres meses.

Los empleados que se marchan a Funcanorte también cobrarán la liquidación de sus contratos con la Mancomunidad, aunque en este caso solo 20 días por año trabajado, a cobrar en seis meses.

Fuentes de los trabajadores despedidos confirmaron ayer a EL DÍA que su principal temor es no cobrar las indemnizaciones en el plazo marcado, y que la habitual morosidad de algunos ayunta- mientos, "como el del Puerto de la Cruz", retrase este cobro "muchos años".

El PSC pidió 45 días

En el pleno de diciembre, el Ayuntamiento realejero abordó como asunto urgente la prórroga hasta el 31 de marzo de la Presidencia de la Mancomunidad del Norte, que ocupa el alcalde. El PSC solicitó entonces un aumento hasta 45 de los días de liquidación en los despidos de personal administrativo.

El portavoz socialista, Miguel Ángel Regalado, subrayó ayer que la intervención del PSC ha permitido "una mejora considerable en las condiciones de extinción de varios puestos de trabajo".

Regalado declaró sentirse "satisfecho por el desenlace final de un proceso agónico que se ha prolongado en el tiempo perjudicando siempre a los mismos, que no son otros que los trabajadores". Para el edil, "la intervención del PSC ha posibilitado un beneficio para unos trabajadores a los que querían sacrificar, además de con el inevitable despido, con una mísera e inmoral indemnización de 20 días".