El concejal y portavoz de Por Tenerife (Izquierda Unida- Los Verdes- Socialistas x Tenerife) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, exige una solución al conflicto de los vecinos de Las Huertas y Montaña Morera, ya que todas las obras que se realizan en la zona son de "dudosa legalidad".

José Manuel Corrales afirma que las obras deben adecuarse al planeamiento vigente, restableciendo la legalidad y protegiendo los legítimos derechos de los vecinos. El concejal pregunta a la Gerencia de Urbanismo con qué permisos Desurcic, Mapfre y Acciona trabajan en las obras de esta zona, y si por parte del gobierno municipal se va cumplir el compromiso de paralizar definitivamente las obras por su ilegalidad e iniciar el procedimiento adecuado para la demolición de lo ilegalmente construido.

Corrales lamenta que los vecinos de Las Huertas hayan tenido que soportar el "acoso inmisericorde y continuado" de los empresarios del "pelotazo" de Las Teresitas que siempre han contado con la "complicidad" del anterior alcalde Miguel Zerolo y su grupo de gobierno, y perciben como el actual gobierno "no se atreve" a tocar sus intereses.

El edil insiste en que las obras que Desurcic realiza en el barranco también son "manifiestamente ilegales" pues son diferentes al Plan, se ha cambiado el cauce y lo han estrechado notoriamente.

Según su versión, Desurcic, Mapfre y Acciona trabajan en las obras de esa zona cuando son "absolutamente ilegales", razón por la cual reclamará en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo que el alcalde y el concejal de Urbanismo "tomen cartas en el asunto y cumplan el compromiso de que va a hacer cumplir la Ley".

Corrales espera que estos empresarios no se consideren "impunes" y que los vecinos comprueben que el Ayuntamiento está de su parte, paralizando definitivamente las obras por su ilegalidad e iniciando el procedimiento adecuado para la demolición de lo ilegalmente construido.

Asimismo, señala que permiten obras estrechando barrancos o la mencionada tala de los árboles de Montaña Morera, y cree "deseable" que en el Plan General de Ordenación en revisión se recoja una solución aceptable "y no se premie a quienes sintiéndose impunes puedan actuar al margen de la ley con el consentimiento del gobierno municipal de turno".