Garoña, la nuclear más antigua y pequeña del país, ha estado marcada por la polémica desde el día en que el CSN se pronunció a favor de prorrogar su funcionamiento diez años más (2019), frente a la decisión del anterior Gobierno de echar el cierre en 2013.

Situada en la provincia de Burgos, en una península natural formada por un meandro del río Ebro, esta planta consta de un reactor de agua ligera en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) suministrado por General Electric -en España sólo hay dos de este tipo, los de Garoña y Cofrentes-.

Se trata de la misma tecnología instalada en Fukushima Daichi, la central más dañada tras el terremoto y posterior tsunami ocurrido en Japón el 11 de marzo de 2011 y que desencadenó la peor crisis nuclear desde Chernobil (1986).

La decisión del PSOE de clausurar Garoña no contentó a nadie: ni a ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni a la empresa propietaria (Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola) ni al principal partido de la oposición.

Ha bastado menos de un mes para que el nuevo titular de Industria y Energía, el canario José Manuel Soria, anunciara su intención de revocar la orden ministerial de cierre de su predecesor, Miguel Sebastián.

Uno de los problemas que afronta Garoña, aunque es generalizable a todos las plantas españolas, es la saturación de su piscina de combustible gastado, prevista para 2015, según datos de Enresa.

Esto último se ha resuelto, en parte, con la elección del municipio de Villar de Cañas (Cuenca) para acoger el almacén de residuos nucleares de alta radiactividad, aunque transcurrirán cinco años hasta acabar la construcción de esta instalación.

Además, Garoña tiene material que actualmente se encuentra en Reino Unido, procedente del reprocesado de su combustible y que se está renegociando con las autoridades inglesas.

Se trata de una pequeña cantidad de plutonio y de 97 toneladas de uranio.

En marzo de 2011 entró en la Ley de Economía Sostenible, que abrió la puerta a que las nucleares funcionen durante más de cuarenta años.

La legislación española no determina el tiempo de funcionamiento máximo de las centrales, y conceptos tales como vida de diseño, vida remanente o extensión de vida, no tienen significado legal explícito.

En sentido estricto, la vida de diseño se define como el tiempo de funcionamiento de una estructura, sistema o componente de la central, supuesto en el diseño, durante el cual se espera que cumpla con su función, en los términos establecidos en sus especificaciones.

Aunque no responde estrictamente a un concepto de ingeniería, sino a criterios técnicos, se suele utilizar este concepto entendido como la duración mínima de funcionamiento para conseguir los objetivos del proyecto, que conlleva la exigencia de una serie de requisitos a los componentes principales de la instalación para garantizar su adecuado funcionamiento.

En este caso, las centrales españolas tienen una vida de diseño de 40 años, al igual que las americanas y europeas de la misma tecnología.

Según el CSN, la vida útil de una central se define como período durante el cual una planta puede ser operada cumpliendo con las exigencias de seguridad impuestas en su autorización.

Mediante la comparación entre las condiciones de diseño y las condiciones reales de operación puede determinarse el margen de vida remanente que le queda a un sistema, equipo o componente y también cuándo debe ser sustituido.

Numerosos sistemas o componentes son sustituidos antes de los 40 año.

Para continuar operando hasta el 2019, el CSN estableció al titular de Garoña una serie de medidas y mejoras.

Desde 1990, Garoña ha notificado 136 sucesos (a fecha 12 de mayo), de los cuales 6 han sido clasificados como "anomalías" de nivel 1 -el segundo más bajo- en la Escala INES.

Todos los demás han sido de nivel 0 y ninguno ha supuesto la entrada en condiciones de emergencia ni de prealerta.

Santa María de Garoña cuenta con una potencia eléctrica instalada de 466 MWe (inicialmente era de 460) y en 2010 generó 3.836,67 millones de kWh.

España tiene seis centrales con ocho reactores: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Garoña, Trillo I y Vandellós II-. La planta de José Cabrera, más conocida como Zorita, cesó su actividad el 30 de abril de 2006, y Vandellós I se desmanteló entre 1998 y 2003 tras sufrir un incendio (el accidente nuclear más grave ocurrido en el país).