La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó ayer que el Ejecutivo espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, para lo cual estudia implantar mecanismos como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades en algunas operaciones.

Son directrices que constan en el futuro plan general de control del fraude para 2012 que presentó ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros.

Dicho plan operará en tres ámbitos: la intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las autonomías y la Seguridad Social.

La iniciativa de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas transacciones tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia e Italia, explicó Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros.

Roma ha limitado a 1.000 euros y París a 3.000 el máximo en metálico para transacciones, informó la edición digital de El País.

El Gobierno opina que esta iniciativa puede ser un elemento "muy clarificador" para detectar "grandes bolsas" de fraude y de economía sumergida.

Otra de las políticas que se contemplan en el plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria". La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún procedimiento sancionador.

De este modo, la investigación contra el fraude fiscal, que según dijo la vicepresidenta va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes.

También para "facilitar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones" se fomentará la "autocorrección de incidencias censales".

Además, Sáenz de Santamaría confió en poder profundizar la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como establecer cauces permanentes de información tributaria entre el Estado y las haciendas forales.

También tendrá "gran importancia" la información de la que se dispone "ex novo" de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas, que ya no figuran como paraísos fiscales.

Asimismo, se va a intensificar la actividad presencial de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, al tiempo que se acudirá a otros mecanismos de información que puedan poner en evidencia la existencia de economía sumergida, como el consumo de energía eléctrica o las terminales de tarjetas de crédito.

Por otra parte, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación y se fomentarán las medidas cautelares desde el inicio de los procedimientos.

Otras directrices del plan presentado por el ministro Cristóbal Montoro prevén una mayor colaboración con la vigilancia aduanera y la profundización en la normativa antiabuso, como la responsabilidad por ocultación de bienes, la autorización de mecanismos como el levantamiento del velo y la acusación por delitos de insolvencia punible.

Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 millones se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6% la recaudación.