Españoles y sus descendientes venezolanos pidieron ayer en Caracas al Rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que actúen ante lo que denominan expropiaciones "ejecutadas ilegalmente" por el Gobierno de Hugo Chávez.
El presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), Félix Barbero, dijo que las autoridades venezolanas "no cumplen" con lo establecido por la Constitución en cuanto a indemnizaciones y otros "pasos a seguir en el caso de expropiaciones de bienes".
Por ello Barbero hizo un llamamiento a las autoridades de Madrid "para que hagan cumplir el acuerdo que se firmó entre España y Venezuela en 1995 y que empezó a regir en el año 1997".
El presidente de Feceve aludió con ello al acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones, que -reiteró Barbero- es vulnerado por el Gobierno de Chávez en perjuicio de "más de 300" españoles y por un monto que "pudiera pasar de más de 5.000 millones de euros".
Algunas decenas de esos ciudadanos se congregaron ayer frente al Consulado de España en Caracas, donde firmaron las cartas dirigidas al Rey y a Rajoy.
La Feceve "respalda la mala situación que están pasando todos los españoles con respecto a la afectación de sus propiedades" en Venezuela, dijo Barbero, y aseguró que no se trata únicamente de ciudadanos españoles "afectados por la expropiación de propiedades agrícolas", sino también "pecuarias, urbanas e industriales".
"Hay estructuras industriales, estructuras comerciales, estructuras de vivienda" levantadas algunas por "generaciones de abuelos, mucho trabajo, mucho esfuerzo perdido", se lamentó.
La misiva dirigida a Don Juan Carlos subraya que, "al no cumplirse la garantía que ofrece la legalidad (...), desprotegidos y fuera del estado de derecho, recurrimos a su majestad como españoles que somos y, conociendo su sensibilidad humana y social, le pedimos que nos ayude a encontrar la salida justa".
El presidente de Feceve recordó que Miguel Ángel Moratinos, cuando era ministro español de Exteriores, firmó a mediados de 2010 un convenio con las autoridades venezolanas para lograr "un pago justo" por las propiedades afectadas.
"Se hicieron unas mesas de trabajo, fueron siete hasta diciembre de 2010, y no se concluyó nada", lo que luego derivó en acciones de "desesperados" que "tuvieron que, en forma lamentable, ponerse en huelga de hambre", recordó.
"No sé si eso es lo que persiguen de nosotros: que nos pongamos todos en huelga de hambre aquí en la puerta del consulado", agregó Barbero, al recordar el ayuno cumplido el año pasado por los hermanos Carlos y Luis Solórzano, de nacionalidad española y venezolana.