E STAMOS en un cambio de etapa política y, por tanto, sería deseable restablecer lo que se ha destruido después de años de socialismo inconsciente, ansioso por cambiar todo aquello que le sonaba a tradición, sin reparar en los daños que causaba en el tejido social. En España y en Canarias se han puesto patas arriba muchas cosas que ahora habrá que reponer tal como siempre han sido. Y una de esas cosas es la ley, tanto su administración como los métodos para hacerla respetar. Ahora, el PP tiene la ocasión -y el deber- de restaurar tanto deterioro y descrédito de los poderes públicos.
En los últimos tiempos hemos visto, y aún vemos en estas Islas, métodos a la hora de perseguir el delito que no nos gustan nada. La proporcionalidad de algunas actuaciones policiales ha sido más que dudosa respecto a empresarios y políticos ajenos al partido en el poder, y la aplicación de la justicia a esos mismos encausados sigue a menudo la misma y sospechosa dirección del aireamiento de sumarios, a la que sucede la llamada "pena de telediario", que aquí podría ser más bien de página diaria de periódico.
Hasta que se les ha acabado la "munición", hemos visto a varios medios difundir durante las últimas semanas informaciones parciales, sin valorar en su justa medida, y otras claramente equivocadas, sobre el caso de Las Teresitas. Este mismo periódico ha sido objeto de una serie de calumnias -alguna malamente rectificada por su difusor, otras serán objeto de acción judicial- sobre una supuesta implicación en dicho asunto a partir de confusiones -no sabemos si por falta de celo profesional o por pura ineptitud- creadas a partir de un error de la policía al investigar y confundir titularidades con la empresa propietaria de EL DÍA y de su televisión. Como ocurre que no somos precisamente del agrado del actual Gobierno de Canarias y tampoco lo fuimos del de Zapatero, da qué pensar cuán fácilmente se confunden las cosas que pueden perjudicar la imagen de esta Casa.
Pero hay más, tanto el presidente de Canarias como su esposa han emprendido hace tiempo una ofensiva para cargarse literalmente este periódico a raíz de una información sobre México que no les gustó. Desde entonces, demandas, peticiones de rectificación, consignas sobre publicidad institucional, denegación de una licencia para nuestra emisora de radio y otras acciones han sido algunos de los "misiles" que nos han lanzado en un inútil intento por hundirnos.
Creemos que ha llegado el momento de restablecer el orden natural de las cosas, alterado por siete años de zapaterismo, amén de acabar con tantos vicios del poder en Canarias, provocado por una larga estancia en el mismo de un partido que se dice nacionalista y cuya única ideología es mandar a toda costa, aliándose con quien haga falta, no importa su filiación política ni su catadura moral.
La próxima primavera se cumplirán 19 años desde que se rompió aquel "pacto de hormigón" por el cual los socialistas de Jerónimo Saavedra creían su alianza con los predecesores de Coalición Canaria tan sólida como ese elemento aglutinante utilizado en la construcción. Pues bien, le dieron la patada -o la puñalada- al ahora Diputado del Común, se subieron los protonacionalistas al machito y hay alguno que todavía hoy, en 2012, no se ha bajado del coche oficial. No del mismo al que subió en 1993, sino de los diferentes a los que ha ido saltando con habilidad de titiritero. ¿Se imaginan qué redes de complicidad se pueden haber tejido en tantos años? ¿Cuántos negocios se habrán hecho a la sombra de afinidades, no ya ideológicas, sino éticas y de intereses?
Por eso decimos que es hora ya de que la ola que barre España y que, como colonia que somos de ella, va llegando a Canarias, debería limpiar la podredumbre que se acumula en tantos rincones del poder en estas Islas. No hablamos de que Soria, ahora ministro en el Gobierno de Rajoy, se tome la revancha por la persecución de la que ha sido objeto en las últimas legislaturas, no. Pero sí de que, conociendo como conoce los entresijos de la Administración canaria, con personas de su confianza en las delegaciones del Gobierno central, que son quienes tienen la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, ponga a algunos en su sitio y haga una limpieza de elementos perturbadores de la paz y la armonía sociales. Y, de paso, que vuelvan a funcionar las instituciones debidamente, con la plena confianza del ciudadano.
En lo que concierne a la administración autonómica, también habría que poner firmes a algunos que se creen virreyes coloniales y que abusan de su posición. Para ellos, también hace falta una acción ejemplarizante.