Un "sí crítico", pero "sí" al fin y al cabo. Es lo que el anterior Gobierno de Canarias, liderado por el actual presidente, Paulino Rivero, dio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al nuevo sistema de financiación autonómica hace casi dos años y que ahora demanda revisar para mejorar los fondos de la Comunidad Autónoma. Quien votó, en todo caso, no fue Rivero, sino su entonces socio de gobierno y vicepresidente, José Manuel Soria, que dio lo que llamó una aprobación "crítica" para dejar patente su disconformidad -el PP se abstuvo en todo el país menos en unas pocas regiones, Canarias incluida- si bien tampoco se rebeló contra la decisión del Ejecutivo del que formaba parte (el pacto de gobernabilidad pesaba más), sino que se justificó en la necesidad de no dejar a las Islas descolgadas del sistema y, por lo tanto, de llevarlas a una "peor" situación presupuestaria que la que había entonces. Populares y nacionalistas no pudieron -o no quisieron- ocultar las diferencias que tenían sobre este asunto pese a conformar un único gobierno.

Y aunque parezca una obviedad, también hay que recordar que los socialistas canarios, entonces en la oposición, también apostaron por la nueva financiación, en sintonía con la línea del PSOE nacional con la que CC, el partido de Rivero, tenía un acuerdo en las Cortes Generales, hecho que no era ajeno a la toma de la decisión de apoyar la nueva financiación. Cabe recordar que Zapatero necesitó el voto de Canarias en esa ocasión, como también el de los nacionalistas en otros procesos claves como la aprobación de varios presupuestos generales del Estado.

Así, el Ejecutivo regional -y la oposición- trasladó a la opinión pública la necesidad de apoyar un sistema que prometía -según el propio Gobierno canario- un mejor reparto para las Islas, pese a que había voces disidentes -aparte de las del PP- en la mayoría de las autonomías por la forma en que se planteó el proceso.

Cabe recordar que Canarias nunca ha alcanzado la media de fondos por habitante en su financiación, pero con el nuevo sistema dejó de ser la tercera o cuarta región peor financiada -posiciones que ocupó de forma indistinta con el sistema anterior de 2002- para ser, de forma directa, la peor, mientras que Cataluña, como sospechaban los detractores de un proceso negociado en la oscuridad, salió beneficiada con el actual reparto. Ante la evidencia, el miércoles pasado Rivero demandó la revisión de lo que calificó como un "desequilibrio" presupuestario para la Comunidad Autónoma, que cifró en 600 millones de euros, pero al que dio su bendición en la legislatura anterior.

En 2009, el Gobierno regional defendió la adopción del nuevo sistema en el hecho de que repartiría 11.800 millones más que el anterior entre todas las comunidades autónomas, de los que Canarias recibiría 280 millones adicionales ese mismo año; 320 al año siguiente; 360 en 2011 y 400 millones en el presente ejercicio. Y para asegurar el sí de Canarias, el Ejecutivo central -entonces liderado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero- acordó la cesión de una parte -50 millones de euros ese año y 100 en 2010- del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a cambio del extinto Impuesto del Tráfico de Empresas (ITE).

Este último aspecto era lo que los nacionalistas usaban para justificar la necesidad de apoyarlo, mientras que el PP lo consideraba insuficiente y percibía como injusto. Soria insistía poco antes de ir a Madrid para aprobarlo en que los fondos que el Estado retiene a las Islas todos los años por la compensación del extinto ITE "nada tiene que ver con la financiación autonómica", argumento que contradecía de forma abierta la posición que, de forma oficial, adoptó luego el Gobierno autónomo. Era evidente que se oponía a su aprobarlo, pero votó a favor.

¿Y por qué el PSOE quería sacarlo adelante? Zapatero fue elegido presidente del Gobierno en el Congreso en 2004 y reelegido en 2008. En ambas ocasiones, la contribución de votos del Partido de los Socialistas de Cataluña había sido clave. En 2009, el Gobierno central decidió abrir un proceso de conversaciones secretas y preferentes justo con Cataluña -lo que originó críticas incluso en otras regiones gobernadas por los socialistas- para negociar un sistema de financiación autonómica con el único fin de cambiar los criterios de reparto.

Ante las presión de otra región que siempre había sido un feudo de votos para el PSOE -Andalucía- el Ejecutivo incluyó a los andaluces en las conversaciones cuando ya estaban muy avanzadas con Cataluña, de espaldas al resto. Canarias, como las demás autonomías, quedó relegada en el proceso, lo que no impidió al Gobierno de las Islas optar por aprobar el nuevo sistema de financiación.

En esa época, las críticas de Soria en 2009 se enfilaron hacia el Ejecutivo central y a Cataluña, a quien llegó a felicitar por su "privilegio" dentro del nuevo modelo, al tiempo que avanzó que las Islas se iban a alejar "aún más" de la media estatal de inversión.

Entre otras reivindicaciones, el Ejecutivo canario intentó -sin éxito- que el Estado reconociera la condición de Región Ultraperiférica -lo que sí hace la Unión Europea- o dejar asegurada -de una vez por todas- que la media de inversión estatal por habitante en las Islas fuera, como mínimo, equivalente a la media nacional.

Soria criticó de forma abierta la decisión del Ejecutivo canario en sede parlamentaria poco antes de romper el pacto de gobierno que aún tenía con CC. En septiembre de 2010, un mes antes de abandonarlo -y con la mira puesta ya en las elecciones locales que se celebrarían seis meses más tarde, en 2011- adelantó que iba a haber un déficit al quedar las Islas con una media de inversión de 2.600 euros por habitante, frente a la media nacional de más de 2.800.