Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz le han presentado al gobierno un conjunto de medidas para ahorrar un total de 2,78 y minimizar así parte de los recortes que se están negociando.
Las centrales sostienen que, con la supresión de vacantes, se podría ahorrar 1,52 millones, mientras que un ajuste en diversas partidas de ayudas sociales podría originar 287.000 euros más, así como 222.451 de créditos eventuales de organismos autónomos y 182.388 en funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, lo que sumaría 2,21 millones.
Respecto a lo que aceptan, destaca la disminución de la ayuda por estudios, calculada por el Servicio de Recursos Humanos en 60.000 euros, aunque rechazan el resto de propuestas y proponen que se suspenda el alta en la compañía que preste asistencia sanitaria complementaria (Adeslas) a los cónyuges de los empleados públicos que trabajen y de los hijos mayores de 18 años, salvo en determinados casos. Entre esas excepciones, y tal y como ya han destacado en varios momentos de la negociación, incluyen a los hijos mayores de 18 años que se encuentren completando estudios hasta que los finalicen y con un máximo de edad de 25 años. También aluden a los hijos y cónyuges que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33%, sin límite de edad, así como a los cónyuges si, independientemente de que estén o no desempleados, no tienen descendencia común y siempre que no resulten beneficiarios de la prestación sanitaria complementaria los hijos del trabajador.
Según sus cálculos, esto supondría un total de 113.000 euros, si bien plantean otras medidas para ahorrar otros 570.875 euros junto a estos. Así, proponen que "los empleados públicos que contraten con esa compañía para hijos o cónyuges no incluidos como beneficiarios de la citada prestación sanitaria básica se les cobre el mismo importe por persona que la corporación abona por cada titular de la prestación. Es decir, y de acuerdo con el contrato en vigor, 19 euros por persona".
Asimismo, plantean un cambio por adscripción de funciones de Vocal del Tribunal Económico Administrativo Municipal para ahorrarse 69.675 euros, la disminución del número de sesiones de ese órgano de 40 a 15 para evitar otros 11.538 euros, que el coste adjunto de Prensa del Organismo Autónomo de Fiestas se reduzca en 47.132 y que el de secretarios de esos organismos baje en 175.318.
A su vez, piden que se ejecute la sentencia sobre la implantación en la Policía Local (Unipol) de la disponibilidad de 24 horas para lograr otros 93.438 y llegar a los 570.875 señalados.
Los sindicatos plantean también crear una comisión técnica que aborde la reorganización administrativa del ayuntamiento y sus organismos autónomos "en la que, junto a los miembros propuestos por la administración, tengan participación trabajadores del consistorio a propuesta de las organizaciones sindicales con representación".
A su vez, defienden que las medidas de recorte del Capítulo I que se acuerden entre los representantes de los trabajadores y la corporación extiendan su vigencia temporal "exclusivamente" al presupuesto de 2012, así como que se aborde, con las fuerzas sindicales y antes del próximo 1 de julio, la negociación de las posibles modificaciones o adaptaciones que pueda experimentar el Capítulo I del presupuesto de 2013.
Entre sus peticiones también destaca que se convoque la Mesa Sectorial de Negociación de la Policía Local, con fecha 30 de enero de 2012, "para continuar con la negociación de las condiciones de trabajo de los agentes", que se cree un protocolo de contratación "que integre la normativa interna y en el que se oferten primero todas las vacantes, incluidas las del personal directivo y eventual, a los funcionarios y personal laboral de esta corporación (para todos sus grupos y niveles), con el objeto de favorecer la promoción de los trabajadores propios, horizontal y verticalmente". Según las centrales, las vacantes que se generen "serían cubiertas a través de promoción interna o redistribución de efectivos existentes en la corporación".
Respecto a las jefaturas de servicio que actualmente estén ocupadas por personal de otras administraciones, proponen que sean sustituidas por personal propio de la corporación, "modificando la RPT municipal para que se cierre a personal propio los puestos correspondientes a estas jefaturas".